Crear instituciones para pagar más en edificios y burocracia no es resolver un problema. La crisis forense que desde hace varios años enfrenta Jalisco es un claro ejemplo. La asignación creciente de presupuesto para la identificación de cuerpos no ha funcionado y este fin de semana el hartazgo de las familias ante la ineficiencia del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF) lo evidenció.
Hasta ahora, el escándalo más fuerte que ha enfrentado la entidad es el de los llamados tráileres de la muerte. Era septiembre de 2018, cuando fue descubierto un tráiler con cuerpos que se quedó varado en Tlajomulco de Zúñiga. El IJCF había rentado dos cajas para almacenar cadáveres al no tener ya espacio para guardarlos. La crisis en ese momento fue ocasionada porque había alrededor de 800 cadáveres en la institución.
El 6 de diciembre de ese mismo año, el IJCF reportó que en los diferentes espacios disponibles tenía 289 cuerpos. El dato se incluyó en un informe por el cambio de administración estatal, tras varios meses de jornadas intensas en la institución para apagar el escándalo de los tráileres.
En la administración del ex gobernador Enrique Alfaro Ramírez se comenzaron procesos administrativos y penales contra ex funcionarios, mientras en esa gestión se acumulaban de manera inhumana los cuerpos sin identificar.
‘El Diario NTR’ Guadalajara publicó en diciembre de 2020 un trabajo de investigación sobre la forma en que la crisis forense se disparó en el gobierno de Enrique Alfaro. Un informe interno emitido el 9 de junio de ese año, denominado ‘Reporte de cuerpos, secciones anatómicas y restos óseos resguardados’, el cual fue enviado por el Servicio Médico Forense (Semefo) al entonces director de IJCF, Gustavo Quezada Esparza, daba cuenta de que, hasta el 6 de diciembre de 2018, primer día del gobierno de Alfaro Ramírez, había en los diferentes espacios 121 cuerpos, 13 secciones anatómicas y 43 restos óseos. Ese mismo año se agudizó la crisis, pues en el referido informe se reportan 280 nuevos cuerpos, mil 941 secciones anatómicas y 21 restos óseos, para un total de 2 mil 896 restos humanos.
Menos de un año después, el Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (Cepad) dio a conocer que en los diferentes espacios del Semefo había 6 mil 249 cuerpos sin identificar. Es decir, más de siete veces los que había cuando se hallaron los ‘tráileres de la muerte’.
Más allá del aumento en el número de cuerpos almacenados y sin identificar, vale la pena hacer un alto y reflexionar que hablamos de personas. Cada uno de esos cuerpos o segmentos humanos son buscados por alguien. Alguien cuya vida se destrozó cuando dejó de saber dónde está esa persona a la que ama.
Esto quedó claro con el caso de Juan Antonio Olmeda Belmontes, hijo de Conchita Belmontes, cuyos restos permanecieron 10 años en el Semefo, mientras su madre escarbaba la tierra tratando de encontrarlo.
La reacción de los familiares desaparecidos frente al Semefo este fin de semana solo fue una muestra del hartazgo ante la indolencia institucional. La crisis forense sigue siendo una bomba de tiempo.
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