Imagina que una persona llega a tu casa y, sin tu autorización, se instala en el jardín, solo porque desde ahí está la mejor vista hacia la calle. Ahí, todavía sin tu permiso, construye una recámara y lleva sus pertenencias. Tú, que eres una persona que cree en las autoridades, denuncias la invasión por las vías formales, pero pasan los años y nada ocurre. Un día empieza a ampliar sus dominios hacia la cochera y construye una barda. Como ese espacio lo necesitas, la derribas. El invasor te denuncia penalmente y este proceso sí avanza, así que repentinamente te ves envuelto en acusaciones, una orden de aprehensión y la necesidad de defenderte.
Aunque parezca una historia absurda, es algo similar a lo que ocurre a la comunidad indígena de Mezcala. La semana pasada, un grupo de sus comuneros tuvo que presentarse en el juzgado oral de Ocotlán, para presentar un recurso contra una nueva orden de aprehensión que se había dictado en su contra.
La denuncia penal contra los indígenas coca la presentó el empresario Guillermo Moreno Ibarra, después de que, en 2011, por una decisión de la asamblea de comuneros, se derribaron unas torres con paneles solares que había construido en terrenos de la comunidad. En ese momento todavía no se había resuelto el juicio agrario por la invasión del empresario en el predio conocido como El Pandillo.
Guillermo Moreno invadió Mezcala hace más de 26 años, haciéndose pasar como parte de la comunidad. Se quedó con el predio porque tiene una vista privilegiada hacia la laguna de Chapala. El juicio agrario duró 23 años, hasta que, en octubre de 2022, en una sentencia definitiva, se confirmó que el empresario no era comunero.
Antes de devolver el predio, cuando ya no tenía alternativa, Moreno Ibarra todavía intentó acciones contra dos de los líderes indígenas que hasta la fecha se desconocen, pero que los llevaron a abandonar el país por razones de seguridad.
Pero con la restitución de las tierras, la pesadilla para la comunidad coca no ha terminado. El empresario volvió a instalarse en Mezcala, solo que en el predio en el que había instalado las torres con los paneles solares. Lo hizo sin que alguna autoridad se lo impida.
El juicio agrario que perdió el empresario no solo implicaba la obligación de devolver el predio de El Pandillo, el fondo del asunto era clarificar que no formaba parte de la asamblea comunal y, por ende, no tenía derecho a la posesión en tierras de los cocas. A pesar de eso, el juicio penal ha seguido su curso y, aunque en la última audiencia se presentó el recurso para pedir la prescripción, los señalados todavía son molestados y tienen que continuar con la defensa.
Por si fuera poco, desde la restitución del predio de El Pandillo hasta la fecha, se han registrado nuevas invasiones, adicionales a la apropiación de Guillermo Moreno del terreno donde había instalado las antenas.
La historia que ha vivido la comunidad indígena coca demuestra que en Jalisco y en México, la justicia no es igual para todos.
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