Hace algunos años era complicado encontrar una respuesta al incremento en la desaparición de jóvenes. En ocasiones, parecía que se los había tragado la tierra. La falta de información era el espacio ideal para las declaraciones de las autoridades de que “en algo andaban” y, en el caso de las mujeres, que pudieron “irse con el novio”.
Sin pretender que ahora sabemos con precisión la causa, al menos tenemos más datos, como los diferentes negocios en que ha incursionado el ‘Cártel Jalisco Nueva Generación’ y el reclutamiento forzado. Lo que sabemos como sociedad lo hemos aprendido de estrellarnos con la realidad que vivimos y no de investigaciones o producto del trabajo de las áreas de inteligencia.
A esta conclusión podemos llegar con la marcha de las investigaciones –por llamarlas de alguna manera– del Rancho Izaguirre. El viernes pasado familiares y colectivos de personas desaparecidas pudieron ingresar nuevamente al inmueble, para conocer los avances del trabajo que realiza la Fiscalía General de la República.
Las declaraciones de Indira Navarro, líder del colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco, fueron demoledoras: sí encontraron restos humanos en algunos de los sitios en los que han excavado, así como más prendas de vestir, incluso de bebés. Para este colectivo, cada vez hay más elementos para considerar que el sitio no fue solo un centro de adiestramiento, como han sostenido los gobiernos estatal y federal, sino que sí pudo usarse como centro de exterminio e incluso de trata de personas.
Los periodos que separan los hallazgos en el Rancho Izaguirre son lo que provoca las dudas sobre la actuación de las autoridades. Recordemos que fue en septiembre de 2024 cuando la Guardia Nacional hizo el primer cateo en el inmueble, entregándolo para su custodia e investigación a la Fiscalía General del Estado.
La falta de actuación –o complicidad– de las autoridades permitió que después de esa fecha el lugar siguiera funcionando. Queda claro además que no comenzó una investigación, a pesar de que en ese primer momento se logró la detención de 10 personas.
Si la autoridad hubiera hecho su trabajo, esos detenidos habrían dado su testimonio; sin embargo, fue hasta después del segundo hallazgo que se les procesó formalmente. El 31 de marzo de 2025, seis meses después de la detención, la Fiscalía del Estado envió un comunicado de prensa para informar que habían sido imputados por el delito de desaparición cometida por particulares.
Semanas antes de esa imputación, el 5 de marzo de 2025, integrantes de Guerreros Buscadores ingresaron al rancho y encontraron miles de prendas de vestir y zapatos apilados, lo que convirtió este nuevo hallazgo en un escándalo internacional.
Poco más de un año después, el 10 de abril pasado, las puertas del rancho volvieron a abrirse a los colectivos, que pudieron confirmar lo que las autoridades han negado: ahí también hubo asesinatos.
La lentitud con la que caminan las investigaciones de casos emblemáticos en México ha dejado, en algunos de estos, interpretaciones oficiales que distorsionan la verdad. Ayotzinapa es un ejemplo de ello. Esperemos que no sea la suerte que corra el Rancho Izaguirre.
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