A través de un posicionamiento del Frente Nacional Contra la Violencia Vicaria, madres víctimas de violencia vicaria en Jalisco expresaron su respaldo a la postura asumida por el gobernador del estado, Pablo Lemus Navarro, frente a las recientes movilizaciones realizadas por integrantes del colectivo denominado #SoyPapáNoCriminal, quienes llevaron a cabo manifestaciones y una rueda de prensa en Guadalajara en días previos a una audiencia penal relacionada con la sustracción de un menor.

En respuesta a esa marcha, el gobernador refirió: “No estoy de acuerdo con esta marcha, incluso he pedido darle una revisadita a los perfiles de algunos manifestantes y algunos ‘machos alfa’ que estuvieron en esta manifestación para saber si son deudores alimentarios, que puedan ponerse al corriente de pagar todo lo que le deben a sus ex parejas, ex esposas, hijas, hijos, familiares”.

De acuerdo con el posicionamiento difundido por las víctimas, las movilizaciones coincidieron con una audiencia judicial programada el 28 de mayo de 2026 dentro de un proceso penal derivado del presunto incumplimiento reiterado de resoluciones judiciales relacionadas con la restitución del menor identificado como Patricio, hijo de Lisi Celis, cofundadora del frente.

Las madres señalaron que los integrantes del movimiento #SoyPapáNoCriminal han participado anteriormente en movilizaciones similares en distintas entidades del país, entre ellas Ciudad de México, Durango, Chihuahua y Estado de México, donde han manifestado su oposición a la legislación en materia de violencia vicaria.

A la par cuestionaron la exposición pública de menores de edad y referencias familiares durante las actividades realizadas en Guadalajara pese a la existencia de procesos judiciales en curso y medidas encaminadas a proteger la privacidad e interés superior de las infancias involucradas.

Asimismo, señalaron que mientras se desarrollaban dichas campañas públicas en Guadalajara continúan acumulándose incumplimientos relacionados con resoluciones judiciales emitidas dentro de diversos procesos familiares y penales.

Por otro lado, el frente destacó que la legislación en materia de violencia vicaria que se logró recientemente en Jalisco fue resultado de años de trabajo legislativo, académico y de movilización social impulsado por colectivos de víctimas.

Indicó que dicha normativa representa una herramienta para proteger a mujeres, niñas, niños y adolescentes frente a conductas que utilizan los vínculos familiares como mecanismo de control o violencia.

En ese sentido, expresó preocupación ante lo que calificó como intentos sistemáticos de desacreditar una legislación construida y reiteró su solicitud de instalar mesas permanentes de trabajo entre la Unidad Especializada en Niñas, Niños y Adolescentes de la Fiscalía del Estado, el Poder Judicial del Estado de Jalisco y colectivos de víctimas.

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