La decisión del Instituto de Planeación y Gestión del Desarrollo del Área Metropolitana de Guadalajara (Imeplan) de usar la tecnología para diagnosticar las necesidades de la ciudad podría aplaudirse por su innovación. Sin embargo, hay varias dudas que surgen, porque los datos de los que se alimentará el software no son claros y por lo tanto los resultados que arroje podrían tener sesgos.
Según el propio Imeplan, este organismo tiene entre sus objetivos “analizar los principales conflictos territoriales urbanos metropolitanos y generar información para la toma de decisiones, de manera oportuna y resiliente”. Para esta tarea, tiene un presupuesto de más de 50 millones de pesos anuales y una plantilla de 76 personas.
Delegar una de sus principales responsabilidades en la Inteligencia Artificial no significa que se ahorrarán recursos en el personal que debería realizar ese trabajo. De hecho, para pagar al Tec de Monterrey los 6.1 millones de pesos que costará el proyecto Simulador de Flujos Intermodales Basado en Agentes y Actividades (Sofiaa), se tuvo que pedir una ampliación de presupuesto al gobierno del estado.
Las asesorías externas, las concesiones o las empresas que realizan labores públicas son cada vez más comunes. Tenemos burocracias pagadas con recursos públicos que contratan a otros para que hagan el trabajo o presten servicios.
El transporte es otra de las tareas públicas que se han delegado en particulares. Las rutas, el número de unidades y la frecuencia la definen los transportistas. La Secretaría de Transporte, que por cierto maneja un presupuesto de más de 2 mil 586 millones de pesos, acuerda las condiciones con los empresarios, que en la práctica hacen lo que quieren.
Recientemente un grupo de diputados locales propuso una mayor intervención de la autoridad para garantizar una mejor cobertura y calidad del transporte, y la respuesta del titular de la dependencia, Diego Monraz, fue: “Jalisco no es Venezuela”.
La intervención del Estado en el transporte público se limita a abrir la chequera. Recientemente Yeriel Salcedo, del Observatorio de Movilidad, denunció que los subsidios al transporte por el incremento a 14 pesos se entregan desde enero y no a partir de abril, que es cuando entró en vigor. De esta forma, se han pagado de manera irregular más de 141 mdp. Además, seguimos sin saber cómo se evalúa la calidad del servicio en correspondencia con los apoyos que reciben.
Pero dejar en manos de privados el servicio público, sin que haya condiciones para garantizar mejor atención a los ciudadanos, no es solo un mal de los encargados de la movilidad. Tenemos ayuntamientos que delegan alumbrado público, recolección de basura, espacios de estacionamiento y muchas áreas más.
En la administración estatal anterior se firmaron con particulares contratos multianuales que superaban en conjunto los 25 mil millones de pesos. Entre estos estaban las empresas que durante todo el sexenio se encargaron del mantenimiento de carreteras y caminos, de pavimentación de vialidades e imagen urbana de nodos viales y Periférico, de rehabilitación de parques y de la renta de maquinaria pesada para obras rurales.
Cada vez más, en lugar de autoridades que trabajen y decidan, tenemos intermediarios.
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