“Lo bueno sale caro”. Con esa frase el presidente municipal de Zapopan, Juan José Frangie, se deslindó de la responsabilidad en el acceso a la vivienda para quienes habitan en su municipio. Esto, junto con la grosera respuesta que dio a la periodista Isaura López, quien lo cuestionó sobre este y otros temas que tienen que ver con el territorio que gobierna, como la calidad del agua.
¿Puede un alcalde incidir en el mercado de la vivienda? En el sentido estricto, no. La ley de la oferta y la demanda es la que ha marcado el ritmo de los precios de las rentas y ventas de departamentos y casas en la Zona Metropolitana de Guadalajara. El Estado, desde los tres niveles de gobierno, parece ser un mero espectador, pero la realidad es que también ha sido cómplice.
Y no es que esperemos que desde el gobierno se diseñen subsidios para que se pueda vivir en la ciudad. Tiene que ver con las atribuciones de cada una de las autoridades con el tema.
Hay un ejemplo que puede ayudar a clarificar qué podría hacer el municipio. Durante la gestión de Enrique Alfaro Ramírez como presidente municipal de Guadalajara se entregaron a la iniciativa privada, por precios irrisorios y supuestas acciones a favor de la ciudad, al menos tres predios ubicados en zonas de movilidad importante, sobre las avenidas Alcalde, Las Rosas y Gobernador Curiel. En el caso de los dos primeros, ya están consolidados los edificios, cuyos departamentos se venden en millones de pesos.
Los predios sobre los que se construyeron eran utilizados para oficinas públicas, por lo que para disponer de los mismos se mandó al hacinamiento a cientos de trabajadores municipales a un inmueble conocido como “el patio de La Merced”, ubicado a un lado del templo con el mismo nombre.
Esto significa que el municipio sí podría disponer de reserva territorial para vivienda. El problema es que decidieron hacerlo vía negocio, en lugar de convertirlo en algún programa real de redensificación de la ciudad.
Algo similar ocurrió con los inmuebles adquiridos por el municipio tapatío durante la administración del panista Alfonso Petersen Farah, cuando se proyectó que la Villa Panamericana quedaría en el Parque Morelos.
Tampoco Zapopan escapa a los ejemplos de predios municipales convertidos en jugosos negocios de particulares. De hecho, el alcalde Juan José Frangie no tendría que caminar mucho para recordarlo, pues está el caso del desarrollo inmobiliario junto a los arcos de ingreso al municipio.
El desorden inmobiliario también es responsabilidad de los ayuntamientos, que autorizan la construcción de edificios sin que haya nueva infraestructura ni se garanticen los servicios básicos, como el del agua. El Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (Siapa) entrega factibilidades solo porque los nuevos edificios pueden conectarse a la red existente, sin que se disponga de más agua.
Claro, el problema es que, entre las concesiones y las metropolizaciones, a los alcaldes ya les quedaron pocas tareas y a ninguno le gusta que le cuestionen cuando éstas salen mal.
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