Hoy, cuando la presidenta Claudia Sheinbaum presente su segundo Informe de Gobierno, la seguridad ocupará, previsiblemente, el lugar central de su narrativa. Los datos que su propio gabinete ha adelantado son, en efecto, significativos: el promedio diario de homicidios dolosos pasó de 86.9 en septiembre de 2024 a 42.5 en julio de 2026, una reducción de 51 por ciento reportada por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. A esa cifra se suman caídas en secuestro (-26.6 por ciento), robo de vehículo con violencia (-23 por ciento) y feminicidio (-10.7 por ciento) durante el primer semestre de 2026 frente al mismo periodo de 2025.
Son cifras que merecen leerse con rigor, no con entusiasmo ni con sospecha automática. El análisis crítico no consiste en negar una tendencia estadística sostenida, sino en preguntar qué queda fuera de ella.
La primera pregunta es territorial. Entre enero y julio de 2026, siete entidades concentraron 49 por ciento de los homicidios dolosos del país. Una reducción nacional de esta magnitud puede convivir, sin contradicción aritmética, con estados donde la violencia se mantiene estable o incluso incrementa. Hablar de “México” como una unidad homogénea de seguridad es, con estos datos, una simplificación que oculta más de lo que revela. La pregunta pertinente no es solo cuánto bajó el promedio nacional, sino en qué entidades específicas se concentra hoy la letalidad, y si Jalisco figura entre las que mejoraron o entre las que sostienen la estadística nacional a la baja mientras persisten como foco de violencia.
La segunda pregunta es de percepción, y aquí los datos oficiales ofrecen, sin proponérselo, un matiz incómodo para la narrativa gubernamental: aunque 37.3 por ciento de la población considera que la seguridad “mejoró mucho” y 28 por ciento que “mejoró algo”, la inseguridad continúa siendo la principal preocupación ciudadana en las encuestas nacionales.
Esta disonancia entre la curva estadística y la experiencia vivida no es un error de percepción que deba corregirse con más comunicación oficial; es, en sí misma, información relevante sobre los límites de medir la seguridad exclusivamente a través de homicidios dolosos, cuando buena parte de la vida cotidiana de las personas está condicionada por delitos patrimoniales, extorsión y una sensación de vulnerabilidad que las cifras agregadas no capturan.
Conviene además una precisión metodológica que rara vez se explicita en la cobertura de estos informes: los datos provienen del propio gabinete de seguridad, sin una auditoría externa que los valide de forma independiente. Esto no equivale a suponer que son falsos; equivale a exigir, como estándar académico mínimo, que toda cifra de autoridad se coteje con fuentes no gubernamentales –observatorios ciudadanos, organismos internacionales, encuestas de victimización– antes de asumirla como verdad definitiva sobre el estado que guarda la seguridad en el país.
Desde una perspectiva de derechos humanos, la reducción de homicidios es, sin duda, una noticia que debe celebrarse: cada vida preservada importa en un país que acumula más de doscientos mil homicidios en dos décadas. Pero la política de seguridad no se agota en la letalidad; incluye también a las víctimas de desaparición, a las familias buscadoras, y a quienes viven la violencia en su dimensión no letal, cotidiana y silenciosa. Un informe de gobierno que se limite a la fotografía favorable del homicidio doloso, sin abrir la conversación sobre estas otras dimensiones, ofrece una rendición de cuentas incompleta.
La pregunta que debería quedar planteada, más allá del aplauso o la crítica automática, es si esta reducción sostenida se traducirá, en los próximos meses, en una recuperación real de la confianza institucional, o si seguiremos administrando una mejora estadística que la ciudadanía, todavía, no logra sentir como propia.
*Doctora en Derecho
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