La relevancia que tiene el Instituto Nacional Electoral (INE) constituye una estructura de mayor importancia en el país, porque representa, desde una perspectiva general, el andamiaje institucional que se desarrolló en México para construir un organismo sin pertenecer al Poder Ejecutivo, como lo fue toda la época de la hegemonía del PRI desde 1929, aunque, ciertamente, de manera oficial con el cambio de nombre del partido en el poder, a partir de 1946.
Durante ese periodo, la organización, la calificación de las elecciones y la postulación de candidaturas y, posteriormente, la instalación de las autoridades elegidas bajo ese esquema correspondía a la Secretaría de Gobernación, es decir, al Poder Ejecutivo que, desde hacía décadas, detentaban la conducción de las políticas electorales nacionales.
La credibilidad de ese esquema tuvo una crisis importante en la elección de 1976, en la que no se presentó ningún candidato más que el oficial. México quería presentar una imagen de democracia y la coyuntura de esa elección marcó un importante control de daños y se programó una transformación de la ley electoral, para incluir a las diferentes fuerzas políticas que, durante décadas, fungieron entre la clandestinidad y la prohibición de competir abiertamente en la oferta de opciones políticas.
De esa forma se generó la Ley Federal de Organizaciones Políticas y Procesos Electorales que implicó, a diferencia del pasado inmediato, un cambio importante en la inclusión de otros actores políticos. Dos décadas después, el siguiente colapso fue la elección de 1988, cuyos resultados no pudieron sostenerse de manera estructurada ante una opinión pública y ciudadanía diferente de las décadas anteriores. Así, con el concurso de otros actores se concibió el desarrollo de una estructura que diera institucionalización a la ciudadanía en los procesos electorales, no solamente concentrándose en la jornada electoral, sino al seguimiento de todo el proceso de desarrollo y activación de los puestos de elección, pero sustentados en una participación ciudadana que lograse desarrollar y evaluar todo el proceso.
Esta transición permitió consolidar la estructura ciudadana que generó las condiciones que dieron lugar a la alternancia en el Poder Ejecutivo federal a partir del año 2000. A lo largo de esta evolución, la institución no solo ha organizado jornadas electorales, sino que ha estructurado procesos clave para la legitimación de los proyectos electorales. En este marco, el seguimiento y la calificación de todo el proceso –incluida la jornada electoral– constituyen factores fundamentales en el sostenimiento del sistema, lo que otorga organización, institucionalidad y certidumbre a todo el circuito electoral.
El mantenimiento de la institucionalidad que representa la participación ciudadana, traducida en acción positiva para el procesamiento electoral, no constituye un elemento en el que solamente las instancias de gobierno o algunos partidos políticos tomen la batuta en la delimitación de las acciones que requiere actualmente la reingeniería para habilitar zonas sensibles de la institución frente a los escenarios de corrupción y malos majos de su reciente dirigencia. La discusión sobre la ruta que debe tener el INE no incluye solamente al oficialismo y a la oposición, sino que requiere un marco general ciudadano que permita restaurar la confianza depositada en ese organismo.
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