Por invadir atribuciones federales y establecer penas menores para servidores públicos que priven ilegalmente de la libertad a una persona, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) promovió una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) contra una reforma al Código Penal de Jalisco que contempla de tres a ocho años de prisión por esta conducta.

La demanda, presentada por la presidenta de la CNDH, Ma. del Rosario Piedra Ibarra, cuestiona el artículo 146, fracción XXV, y su segundo párrafo, inciso d), del Código Penal estatal, reforma propuesta por la bancada de Morena y aprobada por el pleno el 15 de diciembre de 2025. La modificación fue publicada en el Periódico Oficial El Estado de Jalisco el 8 de septiembre de 2026, mediante el Decreto 30123/LXIV/26.

El organismo sostiene que el Congreso de Jalisco invadió facultades exclusivas del Congreso de la Unión al incorporar como abuso de autoridad una conducta que coincide con distintas modalidades del delito de secuestro previstas en la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro.

La disposición estatal sanciona a los servidores públicos que retengan o detengan ilegalmente a una persona con el propósito de intimidarla, provocarle un daño o perjuicio patrimonial, obligarla a realizar o dejar de hacer algo, o bien obtener un beneficio para sí o para otra persona.

De acuerdo con la CNDH, estos supuestos coinciden con las hipótesis previstas en la legislación federal, que contempla penas de 50 a 100 años de prisión para determinadas modalidades agravadas de secuestro cometidas por servidores públicos.

En contraste, el Código Penal de Jalisco establece para la conducta impugnada una pena de tres a ocho años de prisión, además de destitución, inhabilitación y una multa de 100 a 500 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA).

La Comisión advierte que esta diferencia puede generar incertidumbre sobre la legislación aplicable y favorecer a servidores públicos que incurran en privaciones ilegales de la libertad.

En otro argumento, la CNDH cuestiona que la reforma establezca la inhabilitación del cargo sin precisar un periodo mínimo ni máximo de duración. Considera que esta omisión puede propiciar decisiones arbitrarias de los juzgadores o incluso interpretaciones que permitan imponer una sanción permanente o vitalicia.

La CNDH considera que la falta de límites temporales vulnera principios constitucionales y la libertad de trabajo, por lo que solicitó a la SCJN invalidar las disposiciones impugnadas y las normas vinculadas con ellas.

CES