La crisis por el desabasto y la contaminación del agua en el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG) es el resultado del abandono de la autoridad para regular los vertimientos industriales y urbanos, un problema documentado desde el año 2000 que evidencia la existencia de una "gobernanza tóxica del agua" en la entidad, advirtió Alicia Torres, jefa del Departamento de Estudios Socio Urbanos del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades (CUCSH) de la UdeG.
La especialista criticó que la política hídrica estatal y federal continúe apostando por megaproyectos de infraestructura para trasladar mayor volumen de agua a la ciudad, descuidando la calidad del líquido para consumo humano y dejando sin reparar las redes de distribución que registran fugas constantes.
Alicia Torres denunció una desigualdad en la distribución del recurso hídrico en la metrópoli: mientras a la población se le abastece con agua de baja calidad que supera las capacidades de potabilización de las plantas existentes, e impacta de manera directa en la economía y salud de las familias, el agua de primera calidad es reservada y concesionada para el sector industrial manufacturero, procesador de alimentos y refresquero.
Asimismo, sostuvo que las dependencias responsables del monitoreo y la normatividad operan bajo un esquema de "gobernanza tóxica", caracterizado por la falta de perfil técnico en su personal, ausencia de supervisores y la nula coordinación institucional entre los tres niveles de gobierno para sancionar a los contaminadores.
Respecto a la proliferación de desarrollos habitacionales en la periferia metropolitana, la investigadora del CUCSH puntualizó que la problemática no radica en la edificación de vivienda, sino en la ausencia de criterios de sustentabilidad sobre la ubicación y disponibilidad de servicios básicos.
Torres cuestionó la actuación de las autoridades municipales al autorizar urbanizaciones sin la infraestructura sanitaria requerida, señalando que la reiteración de estas omisiones sugiere un esquema de colusión entre gobiernos local y desarrolladores inmobiliarios a costa del bienestar de los compradores.
AL
