A fin de poner en funcionamiento la Fiscalía Especializada en la Investigación del Delito de Tortura en Jalisco, separarla de la Vicefiscalía de Derechos Humanos y dotarla de autonomía técnica, administrativa, operativa y presupuestal, la diputada de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) Norma López Ramírez presentó ayer una iniciativa de leyes secundarias.
La legisladora señaló que ha sostenido diálogos con la presidenta de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, Gabriela Cárdenas Rodríguez, para que la nueva institución cuente con recursos en el Presupuesto de Egresos de 2027.
La propuesta plantea reformar los artículos 9, 11, 12 y 15; adicionar los artículos 12 Bis y 12 Ter, y derogar la fracción tercera del artículo 15 de la Ley Orgánica de la Fiscalía del Estado (FE) con el propósito de incorporar formalmente esta instancia. Entre sus atribuciones estarían investigar y perseguir los delitos de tortura, ejercer la acción penal y desarrollar estrategias de prevención.
López Ramírez explicó que aunque inicialmente no se contemplaba la asignación de recursos para la nueva fiscalía, existe la posibilidad de incluir las previsiones necesarias para su funcionamiento en el presupuesto de 2027.
La iniciativa establece que el Ejecutivo estatal debería realizar las adecuaciones administrativas y presupuestales para su operación durante el próximo ejercicio fiscal. Además, en coordinación con la Fiscalía de Jalisco, tendría que elaborar, en un plazo de 60 días naturales a partir de la entrada en vigor del decreto, un programa de transición que incluya el inventario de recursos, los asuntos en trámite, la estructura mínima, los perfiles y necesidades de personal, así como las etapas y responsables de transferir la información.
La nueva fiscalía tendría autonomía técnica, de gestión, administrativa, operativa y presupuestal con el objetivo de que las investigaciones no dependan de la estructura de la Vicefiscalía de Derechos Humanos, donde actualmente se encuentra adscrita la unidad especializada.
La iniciativa deberá ser turnada a comisiones para su análisis y dictaminación; posteriormente, tendría que ser aprobada por el pleno del Congreso y publicada en el periódico oficial ‘El Estado de Jalisco’ para entrar en vigor.
La propuesta busca concretar la estructura y operación de esta institución, cuya creación también fue materia de una resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en enero de 2024, cuando ordenó a los poderes Ejecutivo y Legislativo de Jalisco realizar las acciones necesarias para contar con una fiscalía especializada que cumpliera con las condiciones de autonomía e integración legal.
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