En las últimas semanas el urgente tema de la calidad del agua en zonas importantes del Área Metropolitana de Guadalajara que, según los datos de la Comisión Estatal del Agua, tiene en situación crítica a más 700 colonias, ha constituido un factor que, en dos ocasiones consecutivas, ha causado la salida de la sociedad civil a la calle.
No se trata, definitivamente, de un evento coyuntural, sino más bien que el desarrollo de la persistente desatención de las autoridades ha generado un agotamiento colectivo por el servicio de calidad del agua que las autoridades han ignorado de forma repetitiva y la sociedad expresó un límite de tolerancia.
La dimensión social del problema ha venido experimentando diferentes grados de complejidad y la paciencia dejó de ser de un elemento individual a uno social que interconecta a varios segmentos de la sociedad afectados por el mismo problema y con los mismos actores responsables de ese servicio: el Siapa, los gobiernos municipales y el gobierno del estado.
Frente a la ausencia de acciones concretas que deberían desarrollar los sectores de servicios, la desesperación social se ha manifestado en las calles. Esta movilización de la sociedad civil revela un fenómeno político de mayor alcance: la incapacidad del sistema formal de representación para canalizar el descontento social. La intermediación que, en principio, correspondería a los partidos políticos se ha visto rebasada frente a la complejidad del problema y al hecho de que, al no tratarse de un asunto aislado o de mera coyuntura y, por otra parte, la longevidad del mismo ha alcanzado a las diferentes marcas políticas en momentos de decisión administrativa, sin que se desprenda de la función de administración de servicios una satisfacción respecto del problema.
Dentro de la perspectiva de la democracia representativa no se encuentran sino reacciones de coyuntura de diversas representaciones políticas; sin embargo, al margen de proyectar una decisión de futuro, que se requiere, el tiempo se ha agotado, no solamente para las instancias que en este momento tienen las decisiones administrativas, sino para todos los actores que no han podido atender un problema que ahora adquiere el rango de urgencia social que habría requerido una atención técnica eficiente, y que ahora no se vislumbra una estrategia que genere confianza en la ciudadanía pero que atienda con eficiencia el problema. Precisamente por ello, la confianza en las instancias de representación se ha visto profundamente erosionada.
La presencia durante las marchas de infiltrados que buscan deslegitimar la movilización ciudadana no ha logrado desviar la atención de la legítima demanda de servicios de la ciudadanía. Muy por el contrario, ha puesto en evidencia la falta de protocolos y de estrategias para diferenciar los dos eventos que en la manifestación del domingo 18 de octubre quedó ampliamente manifiesta. Precisamente por ello, la metodología de las fuerzas del orden debería hacerse presente para delimitar los dos asuntos que tienen en perspectiva y que forman parte de la estructura de acción que deberían poner en funcionamiento. La legitimidad de la exigencia ciudadana radica en la indiscutible validez de la causa que la origina.
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