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Supermayorías, el gran dilema

El desarrollo de la institucionalización de los procesos electorales en nuestro país había logrado un importante equilibrio a partir de las alternancias en el poder que, desde el año 2000 para la elección presidencial de aquel momento, constituía una arquitectura puesta en funcionamiento desde la Ley Federal de Organizaciones Políticas y Procesos Electorales (LFOPPE) de 1977.

El lanzamiento del Instituto Federal Electoral, hoy Instituto Nacional Electoral (INE), constituyó un momento muy particular en el desarrollo de los modelos de aplicación de procedimientos democráticos para todo el desarrollo que integra el universo electoral, es decir, el del mantenimiento de una estructura en el que el voto de los ciudadanos se refleje de manera efectiva en la designación de los representantes que la ciudadanía, ante la oferta de los partidos políticos suscritos, buscando tener una participación sustancial en los procesos de decisión ciudadana, es decir, no se desarrolla en una oficina de gobierno, sino en un órgano autónomo constitucional encargado, profesionalmente, de desarrollar todo el entramado electoral.

Bajo esa perspectiva, se trata de lograr un sistema que permita desarrollar la organización de elecciones, así como también la fiscalización de los partidos políticos y, un elemento sustancial, en esa fase de actividades de la institución, la validación de los resultados electorales.

En la fase de integración del organismo, buscando contar con una dimensión institucional relevante, la estructura de dirección del instituto se concibió como un órgano colegiado, es decir, un órgano de pares para la toma de decisiones en las que, si bien, la presidencia del consejo tiene una postura significativa, el consenso, que opera como contrapeso en los casos de conflicto de intereses, permite una discusión plural que aborda los principales temas electorales. El Consejo General del INE está conformado por una consejera presidenta, 10 consejeros electorales con voz y voto, además de consejeros del Poder Legislativo, representantes de partidos políticos y un secretario ejecutivo con voz, pero sin voto.

Desde esa perspectiva, el gobierno no forma parte sustantiva del organismo, pero dentro de las funciones de gobierno está, precisamente, financiar y desarrollar las condiciones para su funcionamiento y operación. Es por ello que dentro de esa perspectiva se encuentra la de generar las condiciones para su funcionamiento y operación.

La reforma del INE de 2024 dejó intacta la reforma a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, que permite a la presidencia del INE designar directamente a los titulares de las unidades técnicas y direcciones ejecutivas, eliminando la necesidad de aprobación del Consejo General.

La actual crisis por la que pasa el INE tiene que ver sustancialmente con la perspectiva de la restauración de las funciones colegiadas que se deberían poner en funcionamiento. El procedimiento debe pasar por la Cámara de Diputados que, a su vez, tiene supermayoría oficialista de la alianza de tres partidos y, con esa estructura, no hay negociación plural básicamente por contar con el número de votos necesarios sin negociación alguna. El gran reto lo constituye articular un acuerdo general en el que se incluyan más voces que permitan una concertación verdaderamente plural.

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BG/I

 

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