Organizaciones feministas, colectivos y agrupaciones de derechos humanos pidieron al Congreso de la Unión modificar la propuesta de ley general para prevenir, investigar y sancionar el delito de feminicidio al advertir que debe priorizar la prevención, reparación y transformación de las condiciones que permiten la violencia feminicida.

En un posicionamiento dirigido al Legislativo, las organizaciones cuestionaron que la respuesta del estado se concentre en medidas de endurecimiento penal.

Uno de los principales planteamientos de organizaciones como Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio y Amnistía Internacional es eliminar cualquier definición de la categoría “mujer” dentro de la legislación. De acuerdo con las organizaciones firmantes, dicha definición no es necesaria para acreditar el delito de feminicidio y podría abrir la puerta a interpretaciones discriminatorias que afectarían la dignidad y los derechos de las personas que busca proteger la ley.

El documento plantea que la protección frente a las violencias contra mujeres, niñas, adolescentes y personas de las diversidades debe abordarse mediante políticas, servicios e instituciones que permitan prevenir, atender, investigar, sancionar y reparar las agresiones.

Las organizaciones sostienen además que, en casos de feminicidio, la reparación integral no puede reducirse a la imposición de una sanción penal.

“La reparación implica restituir derechos, atender las consecuencias de la violencia, reconocer daños, garantizar la no repetición y transformar las condiciones que las hicieron posibles”, señala el posicionamiento.

También cuestionaron que el aumento de penas o la creación de nuevos delitos sean considerados por sí mismos mecanismos eficaces para reducir los feminicidios.

Según el planteamiento, una mayor utilización del sistema penal puede desviar recursos de medidas preventivas como las órdenes de protección, los refugios y la atención integral de las víctimas.

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