El fracaso en la recuperación de los recursos invertidos en la Villa Panamericana y la cercana jubilación de Elizabeth Castro Cárdenas tienen algo en común. Ambos son ejemplo de lo que ha llevado al Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco (Ipejal) a una crisis financiera: las malas inversiones y las pensiones inadecuadas.
En el caso de la Villa Panamericana, la inversión por parte del Ipejal se hizo ante el conflicto que en su momento surgió para definir el lugar que albergaría a los atletas de los Juegos Panamericanos en 2011.
Los recursos para construir la Villa salieron de la entonces Inmobiliaria y Promotora de Vivienda de Interés Público (Iprovipe), actualmente Instituto Jalisciense de la Vivienda (es decir, recursos públicos) y del Ipejal.
Al terminar los Juegos Panamericanos la Villa no pudo utilizarse por los juicios que se habían promovido ante el impacto ambiental que significaba para la zona de El Bajío. Sin embargo, con la llegada de Enrique Alfaro Ramírez al gobierno eso quedó resuelto, pues unos meses después negoció con los desarrolladores venderles los derechos que tenían el Ipejal y el Ijalvi sobre el desarrollo y quitarles los obstáculos para que pudieran venderlas como viviendas.
La empresa incumplió con los acuerdos, lo que llevó a la intervención de septiembre del año pasado, cuando la actual administración intentó recuperar los departamentos que pertenecen a las instituciones públicas, un proceso que sigue en tribunales, como informamos ayer en este diario.
Participar en la Villa Panamericana es una de las decisiones que han dañado al fondo de pensiones, que actualmente tiene cerca de 3 mil millones de pesos invertidos que podría no recuperar.
Otro problema importante para el Ipejal son las pensiones privilegiadas. La ley marca que los trabajadores se jubilan con el promedio de su salario de los últimos tres años, por lo que son comunes los casos en los que, al estar a punto de la edad de concluir la etapa laboral, quienes están cercanos al poder acceden a un salario más alto. Esto significa que tendrán una pensión más jugosa de lo que aportaron a lo largo de sus años trabajados.
El de Castro Cárdenas es un ejemplo. Si bien ha tenido cargos públicos desde hace varias administraciones, la bonanza salarial que le permitiría jubilarse con 72 mil pesos mensuales llegó con los gobiernos de Movimiento Ciudadano.
Según información de transparencia, el salario más alto que había tenido era de 16 mil 360 pesos mensuales en la desaparecida Secretaría de Movilidad. Con la llegada de Enrique Alfaro, sus ingresos aumentaron a 42 mil pesos mensuales en la Secretaría de Administración, 50 mil en la Secretaría de la Hacienda Pública y cerró con más de 72 mil en la de Asistencia Social. Para garantizar su pensión, necesitaba un buen contrato, que fue el que encontró en el Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado, con más de 73 mil pesos al mes, sin trabajar en el organismo.
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