Entre que el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) de Jalisco es escenario del jaloneo entre fuerzas políticas por colocar a alguien afín en la secretaría ejecutiva, sin que hasta ahora el Consejo General lo haya podido nombrar, llama la atención cómo al anterior ocupante del cargo le fue muy bien cuando se decidió prescindir de sus servicios. Y es que al ex secretario ejecutivo, Christian Flores Garza, se le indemnizó con más de 684 mil pesos a pesar de que era un funcionario de confianza y que su nombramiento o remoción son una atribución de quien preside el Consejo General.
El 2 de junio pasado la ex presidenta del organismo, Paula Ramírez Höhne, le notificó que su cargo como secretario ejecutivo concluiría a partir del 1 de julio. El pago que se le hizo se fundamentó en un artículo del Código Electoral del Estado de Jalisco que no tiene relación con su salida de ese cargo, pero sí contó con el aval de dos de sus subalternos. Se trata de un tema que debe aclarar el consejo general, a días de iniciar el proceso local electoral.
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Como que se quedaron cortitas las estimaciones sobre cuántas colonias del Área Metropolitana de Guadalajara reciben del Siapa agua en malas condiciones. Las cifras van y vienen. Pero en el caso de las organizaciones integrantes de la campaña ciudadana #SiapaCorrupto siguen incorporando nuevas colonias afectadas por agua sucia y el desabasto que no han sido incluidas en el descuento del 80 por ciento.
Recordemos que las organizaciones presentaron en la Comisión Estatal de Derechos Humanos la queja colectiva por agua limpia y salud 2234/2026. Esta semana señalaron que para actualizar la queja colectiva entregaron otras mil 548 denuncias; mil 395 son por mala calidad del agua en 524 colonias; por desabasto 507 en 214 colonias, y por afectaciones a la salud 766 denuncias en 315 colonias. Solo con estas cifras ya era para atender y presentar con urgencia un diagnóstico de quienes han enfermado por el agua sucia.
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Es antigua la red de complicidades tejida durante años en la región Valles de Jalisco, pero ¿realmente se ha desmantelado? Lo decimos porque ya suman cuatro los ex policías municipales solo de San Juanito de Escobedo acusados de presuntamente participar en 2015 en la desaparición forzada de una persona.
Ese municipio pequeño, que en 2020 tenía apenas como diez mil habitantes, carga con el antecedente de esta desaparición forzada ocurrida hace más de una década. Después ocurrirían en la región otras privaciones ilegales de la libertad en Tala, Teuchitlán y Tequila, entre los más sonados, donde a funcionarios municipales, entre ellos alcaldes, se les ha vinculado con grupos delictivos. Valles es un hervidero de la delincuencia organizada.
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A la diputada local Mariana Casillas Guerrero, del desaparecido partido Futuro, pronto la veremos en la bancada de Morena en el Congreso del Estado. La legisladora triunfó en el distrito 14 y, al frente de una coalición partidista, le abrió un boquete a Movimiento Ciudadano en las elecciones de 2024. Su entrada sería una jugada para horadar el bastión ‘naranja’ en Tlajo.
La puerta a la diputada la abrió Citlalli Hernández, presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena. El ajedrez político está en marcha.
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