Que sorprendieron a parejitas de novios echándose un faje, que agarraron a otros por tomar cerveza en la vía pública, que llevaron al juzgado a quien arrojó basura en la calle, que los hubo que cerraron una calle parar el fiestón, etcétera. Son los casos de las llamadas faltas administrativas en que la Policía Municipal de Guadalajara detiene no a presuntos delincuentes, sino a quienes cometen lo que se llaman faltas administrativas. Los infractores son condenados por el juez cívico a realizar trabajo comunitario, permanecer arrestados, pagar una multa o quedar libres con amonestación verbal.
Hasta ahí podría decirse que, bueno, es parte de la estrategia de seguridad La Ciudad Que Te Cuida, que pregona la alcaldesa Verónica Delgadillo. Lo que llama la atención es que a los gendarmes tapatíos se les va más tiempo en arrestar sobre todo a quienes cometen faltas administrativas (3 mil 991 de enero a julio de este año) que a quienes cometen algún delito (mil 429 personas en ese lapso). La proporción es cerca de tres a uno. Total, tenemos una Policía que arresta más a gente en estado inconveniente y otros infractores, que a delincuentes.
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La contaminación por lixiviados provenientes del relleno sanitario (o basurero) de Picachos no es un problema reciente, ni aislado; se detectó desde 2009 en el arroyo de Milpillas y provocó el cierre de balnearios locales. Sin embargo, el problema creció hasta afectar a las cascadas de Huaxtla, y a varias comunidades, advirtió Beatriz Adriana Venegas, investigadora del CUCEA de la UdeG. Cuestionó que las denuncias ciudadanas y las recomendaciones emitidas por la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco no hayan logrado frenar el daño, e instó a las autoridades a revisar los obstáculos que impiden sancionar a los responsables y sanear la zona.
Añadamos que el titular de la Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente (Proepa) es Íker Frangie Martínez, hijo del alcalde de Zapopan, Juan José Frangie, y el primero no sancionó las irregularidades de Picachos, a cargo del gobierno de la Ex Villa Maicera. Eso hace recordar la crítica de que habría conflicto de intereses, como denunció la oposición tras el nombramiento.
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El Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado aprobó el acuerdo que determina el número de regidurías de mayoría relativa y representación proporcional que habrán de elegirse por municipio el próximo año. Recordemos que, en Jalisco, el Congreso del Estado armonizó la legislación local. El artículo 29 del Código Electoral establece tres rangos de población para determinar el número de regidurías: hasta 50 mil habitantes, que son 101 municipios, tendrán solo 11; de 50,001 a 500 mil, que son 19 municipios, contarán con 15; y más de 500 mil habitantes, los más grandes en población de Jalisco, nueve, sumarán 15 ediles.
Así, en la urbe tapatía, los municipios de Guadalajara, Zapopan, San Pedro Tlaquepaque, Tlajomulco de Zúñiga y Tonalá, que superan los 500 mil habitantes, se integrarán con quince cargos propietarios: una presidencia municipal, una sindicatura, siete regidurías de mayoría relativa y seis de representación proporcional. En síntesis, habrá menos huesos… que diga, se tendrán menos ediles por municipio… y más disputas y jaloneos internos en los partidos políticos para ser de los beneficiados.
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