Recientemente tuve la oportunidad de ver la película ‘Digger’, una obra de la que todo mundo habla por su crítica a la clase capitalista que toma las decisiones en el mundo. En una de sus escenas, el personaje encarnado por Tom Cruise insiste en la premisa de “ganar la narrativa”. Esto tiene que ver con la teoría del ‘framing’, del clásico de clásicos Robert Entman, quien expone que definir el marco de un hecho determina los límites de la discusión pública, visibilizando o invisibilizando ciertos aspectos de la realidad a conveniencia.
Bajo este enfoque quiero referirme la comunicación oficial tras la marcha por el agua limpia del 11 de octubre en Guadalajara. Frente a los hechos de represión policial, la estrategia gubernamental activó un encuadre desgastado: tildar a los manifestantes de “infiltrados”, “porros foráneos” o “grupos violentos” para eludir la responsabilidad sobre las demandas ciudadanas.
Como explica el académico de la UdeG David Bak Geler en su libro ‘Reparto de máscaras’, al etiquetar al disidente con vocablos como “reventadores”, el discurso del poder busca despojar a la protesta de espontaneidad y legitimidad. De este modo, el ciudadano agraviado es convertido en un “agente vicario” –una marioneta manipulada por intereses siniestros– con el fin de cancelar la validez del reclamo de fondo.
Como en la mayoría de las discusiones contemporáneas, estos encuadres dependen de su capacidad para imponerse en la opinión pública digital, lo cual no ocurrió. El video del gobierno de Jalisco sobre la infiltración de “grupos violentos” sumó apenas 292 likes y 82 reposts, frente a 409 replies y más de 74 mil visualizaciones. Cuando las respuestas superan a los ‘Me gusta’ (fenómeno conocido como ‘ratio’) es una señal de rechazo y debate adverso institucional.
Las denuncias de represión alcanzaron mayor fuerza que la narrativa oficial gracias a pronunciamientos de Amnistía Internacional y la CNDH, testimonios de las víctimas y la cobertura de medios como ZonaDocs, Canal 44, Sin Embargo o Canal Red, entre otros. Sin embargo, el factor determinante fue que la ciudadanía no se quedó de brazos cruzados e impulsó el reclamo en el espacio público.
El cliché de los “porros e infiltrados” se estrelló de frente contra la realidad. A la habitual desconfianza social hacia las instituciones se sumó una falla política previa: la ausencia de funcionarios para entablar un diálogo con los manifestantes, dejando el manejo de la situación exclusivamente en manos policiales.
Comunicativamente, la inmediatez de las redes sociales fue clave. Una avalancha de videos grabados por ciudadanos y periodistas desmintió el relato oficial en tiempo real, al documentar agresiones a personas pacíficas, entre ellas el emblemático caso del repartidor Samuel.
El operativo, además, generó un cortocircuito simbólico devastador al reprimir con chorros de agua a quienes marchaban precisamente por agua limpia. Ante esa cadena de desatinos era previsible el desenlace: el reconocimiento del uso excesivo de la fuerza y las detenciones injustas.
Suele decirse con escepticismo que alzar la voz en redes sociales sirve de poco. Pero este episodio demuestra lo contrario: cuando la indignación ciudadana se documenta y se articula con los medios y las organizaciones civiles en el espacio digital sí puede generarse la presión suficiente para obligar al poder a rectificar.
Tal y como ocurrió con la placa glacial de la película ‘Digger’, que parecía monolítica o inamovible: la verdad encuentra grietas por donde resquebrajarla.
*Investigador de la UdeG y coordinador de la Licenciatura en Comunicación Digital y Periodismo
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