No existe peor pesadilla para las familias que la ineficacia de una autoridad invada lo más íntimo: su hogar. Y tampoco hay nada más demoledor, en términos electorales, para un gobierno que un problema se les meta a las casas de sus gobernados. Así es la actual crisis del Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (Siapa), una institución que hoy luce completamente obsoleta.

Si bien en su origen este sistema fungió como una autoridad intermedia innovadora, sirviendo de modelo para otras entidades del país, paulatinamente se fue descomponiendo. En el presente pareciera que la medida más sensata sería desmantelarlo y rediseñarlo desde sus cimientos.

El organismo falló en su misión primordial: garantizar la eficiencia y calidad en el suministro hídrico, un derecho humano irrenunciable. Sin embargo, su declive no se limita a lo técnico; abarca también deficiencias administrativas y operativas críticas. Su trayectoria reciente arrastra escándalos de corrupción, nepotismo, nóminas infladas, contratación de personal sin capacitación o de plano aviadores, así como un pésimo trato hacia los usuarios.

A esto se suma la desatención de reportes, obras inconclusas que mantienen las calles con socavones durante meses y una gestión comercial tan ineficiente que arroja una cartera vencida exorbitante. El impacto es directo: el líquido turbio y maloliente golpea la economía, la seguridad y la salud de la población. Resulta de perogrullo afirmar la urgencia de corregir este desastre.

Lo más alarmante es que el propio ente gestor parece ignorar la causa exacta de esta contaminación y la proliferación de bacterias. Bajo nuestras calles yace una “telaraña” de tuberías antiguas, con materiales y características dispares, que carece de la documentación histórica adecuada. Dado que las características del agua varían según la zona, los especialistas deducen que los motivos detrás de su deterioro son múltiples. Si no se sabe la causa, mucho menos se podrá llegar a una solución.

Para afrontar este colapso se proyectan inversiones inmediatas cercanas a los 5 mil millones de pesos, escalando hasta 20 mil millones a largo plazo. Ante tales cifras, la exigencia pública es innegociable: requerimos transparencia absoluta. Cualquier participación privada debe asignarse mediante licitaciones limpias, libres de conflictos de interés y compadrazgos.

Precisamente, al abordar la rendición de cuentas, sigue vigente una propuesta esencial discutida previamente en esta columna: medir y publicar la calidad del agua en tiempo real, detallada por colonia. Estos datos deben ser constantes y accesibles, utilizando un lenguaje claro para erradicar el misterio. (https://www.ntrguadalajara.com/post.php?id_nota=241988).

Al tratarse de salud pública es inadmisible que los afectados deban financiar estudios independientes para comprobar la negligencia institucional. Y todo ello requiere transparencia absoluta.

Y lo imperativo es una transformación estructural profunda. Si el Siapa se transforma, entonces es el momento de que especialistas técnicos asuman el control, erradicando los favores y criterios partidistas. Una entidad responsable de un recurso tan vital debe regirse por el rigor científico, la eficiencia y la transparencia, desterrando de una vez por todas la improvisación política y su oscura aliada, la corrupción.

*Investigador de la UdeG

X: @julio_rios

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