A principios del siglo 20, Frederick Taylor, promoviendo una administración científica del trabajo, propuso evaluar las aptitudes de los individuos y entrenarlos para optimizar el trabajo y mejorar la productividad en las organizaciones. Posteriormente, entre 1914 y 1918, durante la Primera Guerra Mundial, el Ejército estadunidense enfrentó la necesidad de seleccionar y clasificar a miles de reclutas, lo que impulsó el desarrollo de las primeras pruebas psicométricas colectivas y test de inteligencia y personalidad.
Desde entonces, la selección de personal aplicada por psicólogas/os se ha ido desarrollando con altos niveles de confiabilidad utilizando pruebas psicológicas, neuropsicológicas, entrevistas, inventarios, observaciones sistematizadas, entre muchos métodos y técnicas psicológicas más.
En México, particularmente en la administración pública, sea federal, estatal o municipal, las y los funcionarios lamentablemente siguen eligiendo a secretarias/os y subsecretarias/os de estado, directores generales y de área, etc. de diversas formas: por compadrazgo, nepotismo, cuota política por grupos partidistas y sindicales afines, por “sugerencia” de grupos empresariales, por “conveniencia” económica, entre otras.
El resultado es que generalmente las administraciones de las dependencias gubernamentales son ineficientes e ineficaces, no cumplen los estándares de calidad deseables para las y los ciudadanos y, en el caso de las empresas paraestatales, generan enormes pérdidas (también mucho favorece a ello la corrupción galopante). Tenemos el terrible caso de Pemex, que se ha convertido desde hace muchos años en una empresa barril sin fondo; arrastra una deuda estimada en más de 80 mil millones de dólares (siendo la segunda petrolera más endeudada del mundo) y que reportó pérdidas netas por 2 mil 600 millones de dólares en el primer trimestre de 2026, y sigue dependiendo de las inyecciones de capital del gobierno federal para solventar sus amortizaciones. Claro que luego las justificaciones nunca faltarán, pero ahí están los resultados históricos.
A las y los ciudadanos estas añejas, corruptas y nefastas prácticas nos deben preocupar porque además hoy vivimos una alarmante situación de insuficiencia de los recursos económicos públicos que está implicando el recorte de inversión para los servicios públicos estratégicos de salud, educación, dotación de agua potable, seguridad, movilidad, deporte, cultura, ambientales, alumbrado público, etc.
Cierto que también es necesaria una reforma fiscal para que los sectores empresariales y políticos más favorecidos aporten más.
Las/os gobernantes, funcionarios, legisladoras/es, magistradas/os y juezas/ces que vayan a llegar deben aprobar una evaluación integral (psicológica, socioeconómica y de formación académica–profesional y de actualización continua en el campo correspondiente) practicada por instancias altamente confiables.
Así podremos avanzar hacía un México próspero y justo.
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