La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 3, establece que toda persona tiene derecho a la educación y que el Estado mexicano la debe impartir y garantizar. Asimismo, establece que, además de obligatoria, será universal, inclusiva, pública, gratuita y laica.
Adicionalmente, es imprescindible reconocer que la educación representa la base para el adecuado desarrollo integral del país, ya que de ella depende el desarrollo científico y tecnológico; la productividad laboral; el crecimiento económico; el desarrollo de valores, actitudes y comportamientos coherentes con una convivencia armónica entre las y los ciudadanos y la evolución, y la preservación de su salud integral; la preservación del medio ambiente, entre otros relevantes aspectos.
El Estado mexicano ha ido logrando incrementos significativos en la cobertura de los servicios educativos públicos, de tal manera que cada vez más mexicanas y mexicanos, y de sectores poblacionales que antes difícilmente podían acceder a los mismos servicios, hoy lo pueden hacer. Pero, lamentablemente, en lo que muy poco hemos avanzado es en la calidad de los servicios educativos públicos y, para que la educación pública cumpla las funciones académicas, científicas, económicas, de socialización, psicológicas, éticas, culturales y de cambio social, necesariamente debe tener la calidad suficiente.
Para lograr mejorar la calidad de la educación pública se necesita: contar con instalaciones dignas; mejores salarios para las y los profesores; incorporar las nuevas tecnologías en todos los centros educativos; fortalecer los centros de información; reducir el número de educandos por grupo escolar; reorientar y fortalecer la actualización continua de las y los docentes; integrar equipos de psicólogas/os en cada turno de cada escuela para brindar servicios psicoeducativos a las y los niños, adolescentes y jóvenes, profesoras/es y padres de familia; actualizar las metodologías educativas y los sistemas de evaluación, entre otras medidas más, y para ello se requieren recursos económicos.
El gran problema es que el gasto programable federal destinado a educación en México pasó de 23.8 por ciento en 1995 a 15.8 por ciento en 2026, lo que ha llevado a México, según datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (cit. por el Instituto Mexicano para la Competitividad) a ser el último de los países en gasto educativo por estudiante.
Por ello, debe reformarse la Constitución y sus leyes reglamentarias para establecer que la educación pública también debe ser de calidad y, en consecuencia, el Estado mexicano incremente significativamente los recursos económicos para que los servicios educativos públicos tengan esta característica.
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