Las bancadas de Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Futuro, Hagamos y Partido del Trabajo (PT) en el Congreso local exigieron la destitución del titular de la Secretaría de Seguridad del Estado (SSE), Juan Pablo Hernández González, así como la separación de los demás funcionarios responsables de la violencia en la protesta del 11 de octubre a las afueras de Casa Jalisco. Además, informaron que analizan recurrir al juicio político y otras vías para fincar responsabilidades y garantizar justicia a las personas agredidas y detenidas durante la protesta por el derecho al agua limpia.
En un pronunciamiento conjunto, las cuatro fuerzas políticas exigieron al gobernador Pablo Lemus Navarro iniciar de inmediato los procedimientos para separar de sus cargos a los servidores públicos que ordenaron, permitieron o ejecutaron las agresiones contra manifestantes pacíficos durante la movilización afuera de Casa Jalisco.
También demandaron la restitución de derechos, la reparación integral del daño y medidas para evitar que se repitan estos hechos en favor de las más de 50 personas que, de acuerdo con el documento, fueron víctimas de violencia y detenciones durante la protesta.
Las bancadas sostuvieron que la liberación de siete personas detenidas tras los hechos de violencia, realizada tras los reclamos de la sociedad organizada, no es suficiente si no se investigan y sancionan las responsabilidades de los mandos y funcionarios involucrados. A la par acusaron a los cuerpos policiales de ejercer violencia ilegal y uso excesivo de la fuerza pública.
Como parte de las acciones para buscar justicia, señalaron que evalúan mecanismos como el juicio político, contemplado en la legislación local, para que los funcionarios responsables enfrenten las consecuencias de sus actos.
Asimismo, hicieron un llamado al Poder Judicial de Jalisco para que desista de cualquier intento de imputar o juzgar a las personas que, afirmaron, fueron detenidas arbitrariamente por exigir agua limpia, y pidió que las responsabilidades se finquen a quienes instruyeron, solaparon o ejecutaron las agresiones físicas y emocionales durante la protesta.
En el posicionamiento las cuatro bancadas insisten en que las autoridades de seguridad deben responder por sus actuaciones y garantizar que el uso de la fuerza pública tenga como finalidad proteger a la población, no reprimirla.
PRI JALISCO PIDE COMPARECENCIAS
Por su parte, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) Jalisco exigió esclarecer las responsabilidades por el operativo policial contra manifestantes que el domingo 11 de octubre exigieron agua limpia; además, propuso citar a titulares de dependencias estatales para que expliquen las problemáticas hídricas y advirtió sobre las implicaciones financieras, técnicas y ambientales del proyecto del acueducto Chapala-Guadalajara.
La presidenta estatal del PRI, Laura Haro Ramírez, exigió investigar quién ordenó el operativo policial y sancionar a los responsables. Por otro lado, responsabilizó políticamente a los gobiernos de Enrique Alfaro Ramírez y Andrés Manuel López Obrador por las decisiones relacionadas con la Presa El Zapotillo.
Asimismo, como parte de sus propuestas para atender la crisis hídrica, anunció que buscará, junto con los 32 diputados federales de Jalisco, una reasignación presupuestal de al menos 30 mil millones de pesos (mdp) para atender el problema del agua, la infraestructura carretera y las necesidades del campo.
Por su parte, la coordinadora del PRI en el Congreso de Jalisco, María del Refugio Camarena Jáuregui, informó que la bancada ‘tricolor’ presentó un acuerdo legislativo para solicitar la comparecencia de los titulares del Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (Siapa), la Comisión Estatal del Agua (CEA), la Secretaría de Gestión Integral del Agua (Segia), la SSE y la Fiscalía del Estado (FE).
La intención es que el documento se apruebe durante la sesión del 15 de octubre para que las comparecencias se realicen el día 20. Con ello el PRI busca que los funcionarios expliquen las causas de la crisis hídrica, las medidas previstas para atenderla y las responsabilidades relacionadas con el operativo policial contra manifestantes.
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