En México, la justicia parece tener dos velocidades: una para quienes están cerca del poder y otra para los que no, así de simple. Porque tratándose de los amigos del sistema, siempre hay salidas legales, mientras que para quienes incomodan o no son afines, el peso de la ley cae con toda su fuerza. El cierre del proceso contra Francisco Garduño, ex comisionado del Instituto Nacional de Migración (INM), vuelve a mostrarnos esta desigualdad.
El 27 de marzo de 2023, cuarenta personas migrantes murieron y otras 27 resultaron lesionadas en el incendio de una estación migratoria de Ciudad Juárez, Chihuahua. Las víctimas estaban bajo custodia del Estado mexicano, que tenía la obligación de proteger su vida y su integridad.
Poco más de tres años después de esta tragedia, el juez federal Víctor Manlio Hernández Calderón declaró que no hay acción penal contra Garduño y cerró la causa por ejercicio ilícito del servicio público. Su argumento fue que el ex funcionario cumplió las condiciones impuestas en 2025 para suspender el proceso, entre ellas: la reparación del daño, una disculpa pública, y medidas de capacitación y supervisión. No hubo un juicio que determinara su responsabilidad penal por este vergonzoso capítulo que arrebató la vida a 40 personas y que a otras 27 les dejó daños permanentes.
Por inverosímil que parezca, el juez resolvió que se cumplieron las condiciones de esa salida alterna. Y la pregunta es: ¿se hizo justicia?
Preguntemos a los familiares y sobrevivientes de este terrible incendio que no se atendió. Todos vimos que personal de seguridad no abrió esas celdas; que los dejaron bajo el fuego, a su suerte. 40 familias perdieron a sus seres queridos y otras 27 familias tienen a igual número de sobrevivientes con lesiones permanentes que siguen reclamando atención y reparación.
El problema de esta resolución no es que un funcionario tenga derecho a la defensa jurídica, ni que la ley contemple mecanismos alternativos para resolver procesos penales. El problema que enfrentamos es que la ley no es pareja. Que el poder protege a los suyos y que las consecuencias de delitos tan graves, como este, no son las mismas para todos.
Garduño dejó la dirección del INM en 2025 y posteriormente fue nombrado titular de los Centros de Formación para el Trabajo de la Secretaría de Educación Pública. Incluso, se dio el lujo de evadir audiencias programadas sin que el juez le haya impuesto sanción alguna por no presentarse.
Mientras tanto, las familias de las personas fallecidas siguen enfrentando una pérdida que ninguna indemnización puede reparar por completo.
Con esta resolución, la justicia pareciera ignorar escuchar a las víctimas o tener interés en esclarecer las fallas institucionales que derivaron en esta tragedia. Tampoco el juez ni la ley parecen interesados en garantizar que hechos semejantes no vuelvan a repetirse en nuestro país.
La ley protege a los amigos del poder. Para las víctimas, como para cualquier ciudadano común, la justicia corre lenta.
X: @claudiaacn
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