Las decisiones de Estados Unidos sobre Venezuela no solo impactan dentro de sus fronteras. Están redibujando el mapa migratorio y violentando los derechos humanos.

La migración venezolana representa el mayor desplazamiento humano contemporáneo en América Latina y el Caribe, pues más de 7.9 millones de venezolanos están fuera de su país, y de estos, 6.8 millones permanecen en la región.

El endurecimiento de la política migratoria del vecino país del norte obliga a los países del sur a asumir el peso de la contención dictada por el gobierno de Donald Trump. Esto está generando tensión en los sistemas sociales, laborales y políticos en los países vecinos, no por la presencia de migrantes, sino por la ausencia de corresponsabilidad internacional.

América Latina y el Caribe están absorbiendo estos flujos de población en edad productiva, mayoritariamente calificada, pero manteniéndola sin estabilidad o reconocimiento jurídicos; desempeñándose en empleos informales, sin acceso pleno a los derechos más elementales para asentarse y rehacer la vida.

Este escenario se agrava por la reducción de la cooperación internacional que amenaza los programas de integración que hoy sostienen la educación, la salud, la protección y empleabilidad. Sin esos apoyos, los jóvenes abandonan la escuela para sobrevivir en la informalidad, favoreciendo ciclos de pobreza y exclusión que afectan los mismo a las personas migrantes que a las comunidades de acogida. La región se convierte pues, en el principal espacio de arraigo forzado, no por elección sino por contención.

Hoy es evidente que la intervención de Estados Unidos en Venezuela tiene consecuencias humanas concretas y directas en Brasil, Colombia, Cuba, Guatemala, Haití, Nicaragua y Uruguay, entre muchos otros países del mundo, cuyas personas migrantes son considerados una carga pública para Trump.

Si la frontera norte se cierra, el sur necesita desarrollar y aplicar políticas de integración robustas; recibir apoyo internacional sostenido, lo mismo que desarrollar narrativas basada en datos y no en miedo.

Un estudio reciente a cargo de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), desarrollado en Aruba, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Panamá, Perú y República Dominicana –naciones en que la migración venezolana creció significativamente de 2018 a 2025– muestra que esta población aporta más de lo que recibe, pues genera más de 10 mil 600 millones de dólares en consumo y más de 2 mil millones en impuestos. En países como Panamá, su contribución fiscal representa hasta 4 por ciento de la recaudación nacional.

De acuerdo con el estudio ‘Análisis de la contribución fiscal y económica de la migración venezolana: una aproximación regional’, presentado por la OIM, el 68 por ciento de las personas venezolanas en la región tiene algún estatus regular en los países de acogida, por lo que el reto no es contener la movilidad humana, sino garantizar derechos y aprovechar su potencial.

La evidencia muestra que la migración puede gestionarse desde la dignidad humana, la corresponsabilidad internacional y el respeto a los derechos humanos. Hoy, es una urgencia ética y política para la región y el mundo.

X: @claudiaacn

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