Migrar para vivir, no para huir

La migración forzada es, quizá, la expresión más dolorosa de las desigualdades que habitan nuestro tiempo. Detrás de las estadísticas hay historias humanas que quizá apenas se conocen en su forma más trágica en los titulares periodísticos o en reportes técnicos de organizaciones internacionales.

Hace décadas que la movilidad humana en México cambió de rostro. Este es un país de tránsito, retorno, destino y refugio. Pero quizá no estamos preparados para entender lo que eso significa. En lo político, lo social y familiar persisten los discursos de condena, estigmatización y conmiseración.

El Estado mexicano libra hoy un dilema moral y político, que sigue tratando de postergar: ¿reproducir la lógica de control de la frontera o apostar por una verdadera integración con las personas migrantes? Por ahora, la evidencia muestra que la política de contención y securitización gana una batalla desigual a costa de la seguridad de miles de personas y familias migrantes, retornadas y solicitantes de refugio y protección.

Sin importar el partido gobernante en México o Estados Unidos, o el periodo administrativo que se trate, las cifras de reducción de la movilidad son ofrenda y requisito de negociación con el socio comercial del norte, que hipócrita, ve a las personas migrantes como amenaza.

Muchas personas continúan atrapadas en México por la suspensión de mecanismos de protección regular en los Estados Unidos y la omisión voluntaria del gobierno de México para garantizarles condiciones mínimas de este lado del río Bravo.

La Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) reveló datos preliminares de su Monitoreo de Protección 2025, para identificar necesidades de protección de las personas en movilidad. En colaboración con organizaciones de la sociedad civil en el sur, centro y norte del país, aplicaron mil 490 cuestionarios a 3 mil 016 personas que ingresaron a México de manera irregular, provenientes de más de 15 países.

El 61 por ciento dijo que la causa que le obligó a salir de su país fue la violencia, la inseguridad y las amenazas e intimidación; 80 por ciento mencionaron que enfrentarían riesgos al regresar a su país; 66 por ciento de las y los encuestados mencionaron a México como país de destino, mientras que solo 31 por ciento refirió a Estados Unidos de Norteamérica; 52 por ciento de la población encuestada corresponde a personas adultas que viajan solas, mientras que el 48 por ciento restante fueron grupos familiares; 73 por ciento dijo que no contaba con ningún documento migratorio ni del sistema de asilo.

En México no hay recursos económicos, materiales ni humanos suficientes para garantizar atención mínima a esta población; en cambio, sí hay presupuesto para movilizar a los elementos del Ejército y la Guardia Nacional a la frontera sur y estados colindantes; también hay coordinación con las policías municipales para “coadyuvar” con los oficiales del Instituto Nacional de Migración para detener, obstaculizar e incluso, deportar a personas con trámites de regularización en curso.

Los derechos humanos no tienen pasaporte y la migración continuará siendo parte de nuestra historia colectiva. Hay que mirarla y atenderla con humanidad.

X: @claudiaacn

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