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Violento
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El Senado de la República y la sociedad civil dormimos el sueño de los justos esperando el informe de la titular del Ejecutivo federal respecto de la actuación y el desempeño de la Guardia Nacional. Este mecanismo de control parlamentario que debe presentarse al inicio de cada legislatura bien podría fortalecerse con la participación y escucha de la sociedad civil, la academia; las agencias de Naciones Unidas y con los testimonios de las personas que han sido directamente impactadas por agresiones de los elementos de la Guardia Nacional.
En el contexto ideal, esta dinámica permitiría al Legislativo mejorar los marcos normativos vigentes e incluso derogar algunas leyes, normas y reglamentos por su probada ineficiencia. Democratizar estos mecanismos de control abonaría a la transparencia y a detener por fin los abusos desproporcionados de poder en que incurren los elementos de la Guardia Nacional, adscritos ahora al Ejército mexicano, en las entidades fronterizas en el sur y norte de nuestro país, así también en los estados de tránsito de personas en situación de movilidad.
Estos y otros cambios de fondo han sido planteados al gobierno de México por más de 80 organizaciones de la sociedad civil, redes, activistas, investigadores, defensoras y defensores de derechos humanos, en el documento 11 Ejes para la construcción de una nueva política migratoria y de asilo 2024-2030 en México, editado el pasado mes de julio para generar un consenso ente las fuerzas políticas, sociales y empresariales para atender el contexto actual que violenta los derechos humanos y replantearse los costos de la militarización.
Estas recomendaciones pretenden abonar al establecimiento de garantías de no repetición; por ejemplo, para desaparecer la privación de libertad de personas por el simple hecho de no tener un documento migratorio, lo mismo que para eliminar las revisiones en las estaciones migratorias que han provocado la muerte de personas en situación de movilidad.
Las organizaciones e instituciones especializadas en la atención de las personas migrantes han observado que los controles en las fronteras deberían de fortalecerse solo para identificar los distintos perfiles migratorios y ayudar a canalizar a estas personas a los espacios y entidades a donde deben acudir; lo mismo que para proteger a las niñas, niños y adolescentes durante su tránsito por México para auxiliar y determinar su interés superior y un plan de restitución, ya sea en este o en otro país.
Esta es la oportunidad ideal para establecer diálogo con el poder Ejecutivo y Legislativo, ahora que están conformándose las comisiones para modificar los marcos normativos tendientes a las garantías y el respeto a los derechos de las personas en contextos de movilidad en México; para coordinar el trabajo interinstitucional no sólo a nivel federal, sino también en el orden estatal y municipal; para establecer metas con visión de Estado. Más que voluntad política, se hace indispensable la autocrítica, una divisa que escasea en el gobierno de la autodenominada Cuarta transformación, para enfrentar y combatir la violencia e inseguridad que padecemos.
X: @claudiaacn
GR