Arrecia ofensiva antimigrante

A más de 100 días del segundo mandato de Donald Trump, la política migratoria de Estados Unidos ha dado un giro radical. Las nuevas medidas no solo refuerzan las fronteras físicas, sino que también rebasan los límites éticos y legales del país. Desde su primer día en el cargo, el presidente ha implementado medidas que han intensificado la militarización de la frontera sur, además de suspender el programa de refugiados y desmantelar programas y fondos de protección para solicitantes de asilo, aduciendo una "emergencia nacional".

En los primeros tres meses de su gestión, más de 140 mil personas han sido deportadas y las redadas y amenazas de multas diarias contra personas indocumentadas han generado un clima de miedo y desesperación entre los connacionales establecidos en diversas ciudades de la unión americana, por lo que ya comienzan a observarse los primeros retornos de “autodeportados” quienes, frente a tales discursos y amenazas han resuelto hacer la mudanza; cerrar negocios, vender sus bienes y reunir los ahorros para volver a México, al menos temporalmente.

Una de las propuestas más controvertidas que mantiene en la mira el presidente Trump es eliminar la ciudadanía por nacimiento, reinterpretando la Enmienda 14 de la Constitución, para afectar a los hijos e hijas de padres no nacidos en ese país, despojándolos de su estatus de ciudadanos estadounidenses. Si bien la Corte Suprema no ha emitido una decisión final respecto a tal despropósito, ha generado preocupación por sus implicaciones legales y humanitarias.

Con esta misma determinación para hacer patentes las promesas de campaña,  Trump no ha tenido empacho en mantener iniciativas más agresivas; por ejemplo, gravar las remesas que los connacionales envían a sus familias o eliminar la práctica de "captura y liberación" que, ha resultado en la detención de migrantes indocumentados sin considerar su situación de salud, si viajan con niños o si huyen de persecución. Así también por la reinstauración del programa “Quédate en México” que obliga a solicitantes de asilo a esperar de este lado del río Bravo, en condiciones precarias y expuestos a violencia.

En resumen, lo que distingue esta nueva etapa del gobierno de Trump es la brutalidad sin disimulo con la que ejecuta estas políticas. Si bien gobiernos anteriores -demócratas y republicanos- también impusieron restricciones migratorias, esta administración ha optado por socavar los derechos humanos y utilizar el sistema judicial como instrumento de intimidación contra jueces y legisladores por presuntamente ayudar a migrantes indocumentados. El balance en la operación de estas medidas no es favorable para nadie; incluso para el propio Trump, cuya popularidad ha venido a la baja, aunque hasta ahora, eso parece no importarle. Será el tiempo -más pronto que tarde- el que determinará el costo y alcance de estas políticas cada vez más restrictivas y unilaterales, que no solo afectan a los migrantes sino que repercuten en los sectores productivos; en el consumo interno, así también en la estabilidad social y política de ese país y su posición en el concierto internacional.

X: @claudiaacn

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