Las fronteras son una de las principales formas en que los Estados organizan el mundo. Pero la vida de millones de personas ya no cabe con facilidad dentro de ellas. Hay familias binacionales, personas con doble nacionalidad, comunidades que mantienen vínculos económicos, culturales y afectivos con más de un país, y ciudadanos que participan en la vida pública de sociedades distintas.

La movilidad humana convierte la pertenencia a un territorio y nacionalidad, en una experiencia mucho más compleja que la que reflejan los mapas, y esto está generando distintos debates en nuestro país y fuera de él.

La Cámara de Senadores recién aprobó la reforma a los artículos 82, 116 y 122 de la Constitución para establecer la nacionalidad única como requisito para quienes aspiren a la presidencia de la República, una gubernatura o la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, de manera que, quien tenga otra nacionalidad, debe renunciar a ella antes de solicitar el registro de su candidatura.

Para los impulsores de esta reforma, esta ley es necesaria para evitar posibles conflictos de interés y, “proteger la soberanía nacional”. Los críticos la entienden como un franco retroceso a la progresividad de los derechos universales, pues limita el ejercicio de los derechos políticos de personas mexicanas con doble nacionalidad.

Si bien la doble nacionalidad no desaparece para la población mexicana en general, esta restricción está dirigida a determinados actores sociales y políticos, con nombre y apellido, que aspiren a cargos del Poder Ejecutivo. Ahora corresponderá a los congresos estatales validarla para su promulgación final, o desecharla.

Al otro lado de la frontera ocurre una discusión diferente, pero relacionada con la misma pregunta: ¿quién pertenece a la comunidad política?

El gobierno de Donald Trump ha intentado, a partir de distintas órdenes ejecutivas, modificar la ciudadanía por nacimiento para reconocerla únicamente por derecho de sangre y no por derecho de suelo. La Corte Suprema en aquel país invalidó esa orden para mantener el reconocimiento de ciudadanía de quienes nacen en territorio estadounidense, conforme a la decimocuarta enmienda.

Aunque ambos debates son jurídicamente distintos, ponen en evidencia que los Estados intentan definir la pertenencia política en sociedades donde las personas viven, trabajan, forman familias y construyen identidades más allá de una sola frontera-bandera. Entonces ¿cómo garantizar sus derechos, responsabilidades y representación política cuando la realidad social es transnacional?

Más de 30 millones de personas de origen mexicano residen actualmente en Estados Unidos de Norteamérica; país que desde su fundación está marcado y atravesado por la migración.

Asumir que la vida de las personas cabe exclusivamente dentro de una nacionalidad equivale a cerrar los ojos ante una realidad que ya nos rebasó. Las familias trasnacionales existimos y no solo para fines estadísticos o enviar y recibir remesas.

Los Estados debieran procurar y encontrar reglas que reconozcan a las personas que viven entre distintas fronteras, porque hoy la pertenencia puede tener más de un lugar. Es simple: Todas las personas, todos los derechos.

X: @claudiaacn

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