En México, el tránsito de niñas, niños y adolescentes migrantes permanece casi invisibilizado. Para muestra un botón: de acuerdo con el boletín mensual de estadísticas migratorias de la Unidad de Política Migratoria de la Secretaría de Gobernación, entre enero y febrero de este 2026, se registraron 850 eventos de niñas, niños y adolescentes en situación migratoria irregular en el país. Seis de cada 10 corresponden a menores de 12 años.

Son niñas y niños que viajan en familia y que requieren respuestas institucionales tangibles, concretas y directas.

Si bien desde 2020, en el país se han establecido regulaciones y protocolos para evitar el ingreso de niñas, niños y adolescentes a estaciones migratorias y estancias provisionales, los sistemas DIF a donde son canalizados estos menores, no cuentan con suficientes recursos, ni capacitación del personal a cargo para su adecuada atención. 

Así quedó demostrado este mismo año, cuando en febrero pasado, dos niñas de 3 y 7 años de nacionalidad haitiana perecieron mientras se encontraban en resguardo institucional junto con su madre, en el Centro de Asistencia Social de tránsito Casa Pato, administrado por el DIF Oaxaca. Las investigaciones de la Fiscalía general del estado sobre este caso continúan, y hasta ahora han derivado en la detención de un funcionario del refugio y en la separación de la directora del DIF estatal.

Organizaciones de la sociedad civil que atienden a la población en movimiento en México como el Instituto para las Mujeres en la Migración, han señalado que la política migratoria y el sistema de asistencia social no pueden seguir operando en condiciones de precariedad que cuestan vidas y han demandado una investigación rigurosa con perspectiva de niñez y género, que determine responsabilidades penales y administrativas por omisión de cuidados y negligencia criminal de las autoridades y personal a cargo de ese albergue.

Por su parte, la Agencia de la ONU para los Refugiados, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia y la Organización Internacional para las Migraciones ofrecieron al gobierno de México apoyo técnico para fortalecer la supervisión en los centros de cuidado para salvaguardar la dignidad y seguridad de las personas migrantes y refugiadas.

De acuerdo con la Unidad de Política Migratoria hay más niñas, niños y adolescentes en procesos de protección que en devolución. Cerca de 500 no fueron retornados de inmediato, lo que en teoría podría traducirse en un mayor uso de figuras como el refugio o la regularización, pero aún se enfrentan a procesos burocráticos lentos que prolongan su incertidumbre y desprotección.

En este mismo periodo, solo 19 casos de menores no acompañados fueron registrados en situación irregular, pero esto no significa que no existan, pues podrían no estar siendo identificados o registrados adecuadamente.

En resumen, el desafío para la atención de la niñez y adolescencia en movimiento es la protección efectiva y el acompañamiento legal a la unidad familiar. Dicho de otra forma, es reconocer que son niñas y niños antes que migrantes.

X: @claudiaacn

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