Observada en retrospectiva, la manifestación pacífica para demandar que el Siapa entregue agua limpia no culminó el domingo, al pasar por diferentes etapas. Primero, ese día, miles de participantes llegaron hasta Casa Jalisco y, los que estuvieron afuera o en las inmediaciones, sufrieron la represión policial. Parecía que se daba un golpe intenso a la movilización social. Al día siguiente, el gobierno estatal mantuvo su discurso acusador hacia un “grupo de choque” y justificador del operativo que condujo a 39 detenciones. Mientras, numerosas voces empezaron a reclamar que la policía estatal cometió violaciones de derechos humanos contra quienes protestaban; y por redes sociales se divulgaban imágenes y testimonios que contradecían la versión oficial. La represión estaba a la vista de quienes la quisieran ver.
El tercer día, ayer, liberadas 32 personas y siete trasladadas al centro penitenciario de Puente Grande, estudiantes de la Universidad de Guadalajara se organizaron para bloquear vialidades y protestar en diferentes sitios, entre ellos palacio de gobierno, y exigir que todos los detenidos salieran de la cárcel. La tensión social crecía. En la memoria colectiva está presente lo que ocurrió en otras manifestaciones, como la del 4, 5 y 6 de junio de 2020, cuando más de 80 personas fueron privadas ilegalmente de la libertad por agentes de la Fiscalía del Estado. En la mañana del martes, las alertas estaban encendidas.
***
El tenso panorama dio un giro ayer por la tarde. Cambiaron el contenido y el tono. El gobernador Pablo Lemus Navarro informó que personalmente revisó decenas de videos de la manifestación frente a Casa Jalisco y reconoció que “fue un operativo con graves deficiencias que en el momento más crítico se salió de control”; que hubo “uso excesivo de la fuerza” y “detenciones injustas”. Advirtió que a los manifestantes “nunca se les debió echar agua, ni gas” y que “ninguna persona debió quedar expuesta a la violencia”.
Añadió que, así como manifestantes actuaron con violencia, “también algunos elementos policiales cometieron excesos y los tenemos identificados”. Lemus Navarro se comprometió a reparar el daño y adoptar medidas para evitar que se repitan estos acontecimientos. Anunció una investigación interna, que solicitó la acompañe la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ), la cual mostró su disposición.
***
La investigación no debiera reducirse a las actuaciones individuales de los policías o sus mandos, ni únicamente a la Secretaría de Seguridad Pública o la Fiscalía del Estado, sino al conjunto de dependencias relacionadas con la seguridad pública. Lo que hace o deje de hacer una repercute en las otras.
Analizar el conjunto de actuaciones policiales en esta y anteriores protestas, y hacer cambios a fondo, es ineludible.
***
La CEDHJ emitió dos medidas cautelares tras la manifestación. Una, a la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas, y otra a la Subsecretaría de Derechos Humanos, dependiente de la Secretaría General de Gobierno.
Y habrá otra mirada. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos informó que atrae la investigación de lo sucedido en la manifestación por posibles violaciones a derechos humanos.
***
Arrancó ayer, oficialmente, el proceso electoral para renovar las 38 diputaciones y los 125 ayuntamientos de Jalisco. El consejo general del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado aprobó la convocatoria.
jl/I
