Después de la realización simultánea de al menos cinco plantones para exigir la liberación de siete personas detenidas tras la manifestación por el agua en Casa Jalisco, el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, reconoció que su policía cometió violaciones a derechos humanos durante la manifestación del domingo para exigir agua limpia en Guadalajara.

El mensaje, emitido ayer en sus redes sociales, distó del difundido el lunes, en el que todavía defendió el actuar de la corporación policiaca bajo el alegato de un presunto “grupo de choque” en la protesta. Su cambio de postura lo adjudicó a que ahora sí ya había visto los videos de las detenciones arbitrarias.

“Debo reconocer que fue un operativo con graves deficiencias que en el momento más crítico se salió de control. Hubo uso excesivo de la fuerza y detenciones injustas. A las personas nunca se les debió echar agua ni gas. Ninguna persona debió quedar expuesta a la violencia”, dijo.

Reconoció que no debió haber violencia en la protesta social y prometió investigar a los policías que utilizaron de manera excesiva la fuerza; sostuvo que ya están identificados.

“Siempre hemos dicho que el que la hace, la paga. Eso aplica también para los de adentro (…) algunos elementos policiales cometieron excesos y los tenemos identificados. He pedido iniciar una investigación interna de lo sucedido y que ésta sea acompañada por la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco para dar seguimiento a los procesos de sanción según su nivel de responsabilidad”.

En torno a las 39 detenciones arbitrarias, el gobernador reconoció que fueron injustas y dijo que se garantizará la reparación del daño. Además, prometió la no repetición.

DEFIENDE PROYECTO

Por otro lado, defendió el modelo de financiamiento planteado para el acueducto sustituto Chapala-Guadalajara, el llamado CMRO (construcción, mantenimiento, rehabilitación y operación), al considerar que no se trata de deuda, privatización o concesión a pesar de que un privado sería el que opere la infraestructura por 20 o 25 años.

Además, anticipó que si el Congreso avala la iniciativa no se va a entregar el contrato a una empresa de Israel.

“He leído que existe preocupación sobre la iniciativa que envié al Congreso local para construir el nuevo acueducto sustituto Chapala-Guadalajara. Quiero decirlo con claridad: el servicio de agua potable no se privatizará, no se contratará deuda y no aumentará las tarifas de agua que paga la ciudadanía. Una cosa más: no se va a entregar el servicio de agua potable a ninguna empresa israelí”.

Más tarde, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) informó que ejerció su facultad para atraer la investigación en torno a las violaciones a derechos humanos cometidas durante y después de la manifestación. Vía un comunicado, afirmó que la decisión responde a la necesidad de “garantizar una investigación expedita, imparcial y con perspectiva de derechos humanos”.

Liberan a manifestantes, pero les fincan cargos

Los siete manifestantes que continuaban detenidos hasta el día de ayer fueron liberados, pero sólo uno de ellos sin cargos.

De acuerdo con información difundida por el Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (Cepad), organización que acompañó a las víctimas directas e indirectas de la represión del domingo, únicamente David Isaac Álvarez Hernández fue liberado sin cargos; su caso fue revisado por la jueza Norma Angélica Lomelí Barajas.

No obstante, Israel Rosas Flores e Iván Octavio Salazar Reynoso fueron vinculados a proceso acusados del delito de lesiones, por lo que, aunque no estarán en prisión, se les impuso la medida cautelar de firmar cada 15 días en los juzgados. Sus casos los revisó el juez Sergio Salvador Peña Sánchez.

Por último, Alexis Guzmán Ríos, Samuel Morales Navarro, Teodoro Jesús Torres Valdez y Juan Darío Muñoz Nava fueron citados el viernes próximo para continuar con la audiencia y determinar si se les vincula o no a proceso. Javier Castellanos de la Cruz es el juez que revisa estos casos.

Ante esto el Cepad rechazó que la liberación de las personas manifestantes termine con el proceso, dado que al menos dos de ellas ya tienen medidas cautelares y una vinculación.

“Reiteramos nuestra preocupación por el sostenimiento de un sistema de persecución y criminalización de la protesta social. Este patrón ha sido sistemático en los últimos años y se ha recrudecido durante la administración de Pablo Lemus Navarro. Invitamos a todas las personas a no soltar la solidaridad y el acuerpamiento de esta lucha”, recriminó el Cepad.

La organización también denunció que durante la audiencia hubo amenazas por parte de policías en contra de una de las personas abogadas. 

Por último, hizo el llamado a la población a dar seguimiento a la audiencia del viernes a las 10 de la mañana y continuar compartiendo videos de la represión que puedan servir para la defensa de las personas manifestantes; además, exigió al Poder Judicial no vincular a proceso a las cuatro personas. 

Familiares acusan más irregularidades

Las irregularidades de la Fiscalía del Estado (FE) en el caso de las y los detenidos tras la marcha no cesan. Ayer, por ejemplo, familiares de las siete personas que continuaban arrestadas acusaron un boicot para evitar que estuvieran presentes en la audiencia, pues la FE les dio el horario incorrecto y habría tratado de obstaculizar su traslado a tiempo a los juzgados.

“Llegamos y ya había iniciado (la audiencia). Las personas que traían un abogado particular no pudieron ingresar. Nunca nos avisaron que habían sido trasladados en la mañana, nos estuvieron reteniendo en la Fiscalía, no se vale, de qué se trata, no es justo. Ya venía de camino para acá (Puente Grande) y me hablaron: ‘aquí está tu hijo (en Fiscalía), no vayas para allá, aquí está”, querían confundirnos, que no llegáramos aquí para la audiencia”, dijo Rosa María Reynoso, madre de Iván Octavio.

Claudia Morales, madre de Samuel Morales, acusó que a su hijo no quiso liberarlo la Fiscalía por negarse a desistirse de denunciar; a la par, dijo que no le entregaron las pertenencias de su hijo.

“Lo vi 5 minutos, mi hijo está golpeado, hinchado. Me dice todo el tiempo que él va a proceder en contra de la Fiscalía y que por eso no lo liberaban, porque él dijo que quería sus cosas de regreso, que quería su moto y que no iba a firmar ningún desistimiento de nada, y por eso no lo habían liberado”.

Samuel ya no está detenido, pero tampoco libre. El viernes deberá acudir para continuar con su audiencia. Lauro Rodríguez

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