Las bancadas de Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Hagamos, Futuro y Partido del Trabajo (PT) en el Congreso local advirtieron que el proyecto del acueducto Chapala-Guadalajara planteado por el gobernador Pablo Lemus Navarro comprometería hasta 81 mil 172 millones de pesos (mdp) en deuda y obligaciones financieras para Jalisco, por lo que propusieron revisar el costo de la obra, buscar alternativas de financiamiento público y abrir el diálogo sobre la crisis hídrica.

El proyecto planteado por el Ejecutivo estatal contempla el uso de un esquema CMRO (construcción, mantenimiento, rehabilitación y operación) para construir la megaobra, es decir, una asociación público-privada (APP) que sería a largo plazo. En este caso los pagos al privado se extenderían de 20 a 25 años. 

Al respecto, el coordinador de Hagamos, Tonatiuh Bravo Padilla, rechazó financiar el acueducto mediante una APP a 20 o 25 años y propuso alternativas para costear la obra con recursos públicos. 

El legislador señaló además que el proyecto pasó de un costo estimado de 6 mil 500 mdp en abril de 2025 a 11 mil 921 mdp en la propuesta actual, lo que representa un incremento de 83 por ciento.

El esquema planteado por el gobernador, añadió, implicaría pagos acumulados por 39 mil 688.8 mdp si se elige el plan a 20 años, pero si se opta por el de 25 años los pagos se acumularían a 48 mil 296.5 mdp. Bravo Padilla señaló que, al sumar esos posibles compromisos a la deuda estatal actual, de 32 mil 187.6 mdp, las obligaciones ascenderían a 72 mil 565 mdp o 81 mil 172 mdp, respectivamente. 

Como alternativa, argumentó que, si el gobierno de Jalisco contempla destinar 2 mil 538 mdp anuales al CMRO planteado, podría etiquetar esos recursos para financiar directamente la obra en lugar de establecer pagos a largo plazo con una empresa privada.

El legislador planteó que la iniciativa se discuta en una mesa de trabajo con autoridades estatales, municipales y especialistas para revisar el costo real del proyecto y las opciones de financiamiento antes de que avance su aprobación en el Congreso.

Sostuvo que en dicho diálogo también deben incluirse otros problemas de la crisis hídrica, como fugas, saneamiento y la situación financiera y operativa del Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (Siapa).

Por su parte, el coordinador de Morena, Miguel de la Rosa Figueroa, cuestionó que se impulse un nuevo acueducto mientras permanecen pendientes obras del sistema El Zapotillo. Señaló que la Federación invirtió 8 mil 868 mdp en infraestructura de ese proyecto y atribuyó a la administración estatal anterior incumplimientos en obras de conducción, potabilización y liberación de derechos de vía.

De la Rosa añadió que el gobierno federal prevé destinar entre 7 mil mdp y 9 mil mdp a las obras faltantes de El Zapotillo. 

En la misma rueda de prensa, las bancadas condenaron la actuación policial durante la manifestación del 11 de octubre para exigir agua limpia. La coordinadora de Futuro, Tonantzin Cárdenas Méndez, anunció que buscarán incorporar esos hechos a la propuesta de creación de una comisión de la verdad, así como que se solicitarán informes y comparecencias de mandos de seguridad.

Finalmente, plantearon pedir la intervención de la Fiscalía General de la República (FGR) ante posibles delitos de desaparición forzada y exigieron esclarecer las detenciones y las denuncias de agresiones contra manifestantes.

Exigen comparecencias y juicio político contra el gobernador

Un juicio político contra el gobernador Pablo Lemus Navarro, la comparecencia de los titulares de Seguridad, Fiscalía y Protección Civil, y la separación del cargo de los mandos que ordenaron la actuación violenta son algunas de las medidas que impulsarán Mariana Casillas Guerrero, diputada de Futuro, y Alejandro Puerto Covarrubias, de Morena, tras las agresiones y detenciones durante la protesta por el agua del 11 de octubre.

Casillas propuso llamar a comparecer al secretario de Seguridad de Jalisco, Juan Pablo Hernández González; al fiscal estatal, Salvador González de los Santos, y al titular de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos Jalisco (UEPCBJ), Sergio Ramírez López, para que rindan un informe sobre el operativo del 11 de octubre en las inmediaciones de Casa Jalisco. 

La diputada planteó además solicitar a la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ) el acta de investigación 41 y los informes relacionados con los hechos. Además, buscará que se investigue y sancione a los funcionarios que dieron las órdenes, sin limitar las responsabilidades al personal operativo.

Por su parte, Puerto Covarrubias informó que comenzará a reunir pruebas para evaluar la presentación de un juicio político contra Lemus. Dijo que buscará documentar el compromiso del gobernador de que no habría violencia, las medidas que tomó para evitarla y su posible conocimiento directo del operativo.

El legislador adelantó que también pretenden incluir otros episodios de violencia ocurridos durante la actual administración y las omisiones frente a los problemas de calidad del agua. 

En cuanto a la crisis del agua, los diputados propondrán exhortar a la Secretaría de Gestión Integral del Agua (Segia), la Comisión Estatal del Agua (CEA) y el Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA) a convocar una comisión ciudadana que participe en las decisiones sobre la renovación de la infraestructura hidráulica y las medidas para mejorar el abastecimiento y la calidad del servicio. Miguel Ángel Vidal 

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