La manifestación con miles de participantes que partió de La Minerva para exigir agua limpia en los hogares y negocios del Área Metropolitana de Guadalajara (AMG) terminó con gas lacrimógeno, potentes chorros de agua, y empujones, patadas y golpes. Entre gritos y jaloneos, 39 personas acusadas de ser “generadoras de violencia” por el gobierno estatal, fueron sometidas, arrastradas o cargadas en vilo al ser detenidas, conducidas al interior de Casa Jalisco y de ahí trasladadas a la Fiscalía del Estado, sin que diera a conocer su situación. Las autoridades reportaron 28 uniformados heridos, dos de gravedad, uno con fractura de cráneo, pómulo y nariz, y otro perdió un dedo por un golpe con tubo.
Para el gobierno estatal fueron dos las manifestaciones; una con diez mil participantes pacíficos, aunque originalmente se contradijo y estimó que eran solo 4 mil 500, y otra, integrada por un “grupo de choque”, de unos 400 encapuchados, con el rostro semicubierto y vestidos de negro, que derribó vallas que rodeaban Casa Jalisco, y enfrentó a los policías.
Sin embargo, en vez de respetar el legítimo derecho a manifestarse y de proteger a quienes protestaban, entre los cuales había de la tercera edad e infantes, los policías arremetieron a diestra y siniestra, golpeando a familias, como denunciaron las víctimas y se observa en videos que circulan en redes sociales. Son notorios, de nuevo, el abuso y la escasa capacitación de los uniformados. Es condenable lo sucedido. Nunca se debe aplastar al diálogo. Es la primera ocasión en décadas que una protesta masiva acaba con violencia afuera de Casa Jalisco.
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Mediante un comunicado, la Universidad de Guadalajara reconoció la legítima preocupación de miles de jaliscienses que se manifestaron para exigir soluciones a los problemas de abastecimiento y calidad del agua. Ante los acontecimientos, hizo un llamado a que se esclarezcan los hechos y se garantice la integridad de los detenidos. Informó que tres de sus estudiantes están presos, por lo que, para conocer su situación, se garantice su integridad y se concrete su liberación, estableció comunicación con las autoridades. Reiteró que las demandas ciudadanas sobre la calidad del agua “merecen ser escuchadas y atendidas con responsabilidad”.
Otra universidad, el ITESO, reveló que entre los detenidos están integrantes de su comunidad. Exhortó al gobierno del estado a la prudencia y el diálogo con las personas que se manifiestan pacíficamente para exigir el derecho al agua, absteniéndose de criminalizarlas; a respetar los parámetros establecidos en la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza¸ y a que la Fiscalía estatal respete la integridad personal y el debido proceso de los detenidos, señalando sus nombres, estado de salud y los cargos en los que se sustenta su detención.
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La Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) informó que acompañó como observadora a los manifestantes por la calidad del agua para vigilar que sus derechos humanos fueran respetados, entre ellos a los 39 detenidos; abrió un acta de investigación y dictó medidas cautelares.
Hasta anoche, cinco personas habían presentado quejas ante la comisión en contra de elementos de la Policía Estatal por presuntos actos de abuso de autoridad.
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Y, mientras, colonias metropolitanas continúan recibiendo agua cochina… y a otras ni ese líquido contaminado les llega. O sea, el origen del descontento sigue ahí.
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