El equipo de prensa de la presidenta Claudia Sheinbaum suele enviar por correo electrónico dos o tres comunicados de prensa, diario. Ayer dedicó uno al anuncio de que el gobierno de México aportará entre 12 mil y 13 mil millones de pesos para garantizar el suministro de agua potable en la Zona Metropolitana de Guadalajara. Puntualizó que así evitarán cualquier deuda estatal y añadió que el gobierno de Jalisco destinará alrededor de 7 mil 500 millones de pesos para construir una planta potabilizadora.
Desde la Ciudad de México, el gobernador Pablo Lemus Navarro ponderó el acuerdo, dijo que el gobierno federal y el estatal invertirán similares cantidades; uno, para las obras de largo plazo, y otro para las de corto plazo, y destacó: “Una vez más demostramos que el diálogo y la propuesta, y no la confrontación, es lo que trae resultados para nuestra gente”.
Adiós al modelo CMRO (construcción, mantenimiento, rehabilitación y operación).
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Añadamos que, por más que sumamos, nomás no nos salen las cuentas de las obras para resolver la crisis de agua en la metrópoli tapatía. En las propuestas que mandó el gobernador al Congreso del Estado se informa que el acueducto sustituto Chapala-Guadalajara costará más de 11 mil millones de pesos, mientras que las obras complementarias para la Presa El Zapotillo costarían 9 mil 800. Es decir, entre los dos proyectos hablamos de casi 21 mil millones.
Sin embargo, ayer el gobernador Pablo Lemus anunció que ambas inversiones las hará el gobierno federal y serán por entre 12 mil y 13 mil millones. Entonces, o la Federación es más eficiente en la ejecución de obras o alguien en el gobierno del estado está triste porque se le cayó el negocio. Y eso que no tomamos en cuenta el modelo de inversión privada que había propuesto para el acueducto, porque ahí sí son palabras mayores, pues se podrían alcanzar los 48 mil millones.
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Lo ¿vergonzoso?, ¿chafa?, ¿de mal gusto?, ¿antiético?, es andar colgando o autocolgando medallitas, una práctica común en gobernantes y la clase política. Y es que, luego del anuncio de la presidenta Claudia Sheinbaum sobre la millonaria inversión en obras hídricas para la metrópoli tapatía, de uno y de otro lado (Morena y Movimiento Ciudadano, entre otros) aseguran que tales o cuales razonamientos o gestiones condujeron a la decisión de la mandataria.
Olvidan o minimizan que detrás del anuncio presidencial están docenas de manifestaciones, protestas y bloqueos viales organizadas por ciudadanos para exigir agua limpia (ayer ocurrieron más). Destacan las megamanifestaciones del 11 y 18 de octubre; la primera, reprimida con agua a chorro, detenciones, torturas y gas lacrimógeno, frente a Casa Jalisco, y la segunda, con ciudadanos que se deslindaron y repudiaron a los grupos violentos.
La adulación es chocante… y políticamente nefasta.
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Hay dos investigaciones en curso: una, para determinar si las personas agredidas y detenidas durante la megamanifestación del 11 de octubre para exigir agua limpia fueron torturadas, informó la Comisión Nacional de los Derechos Humanos; otra, la realiza la Fiscalía General de la República por los lixiviados que se acusa salieron de los rellenos sanitarios Picachos y Hasar’s, y dañaron al río Milpillas y las cascadas de Huaxtla.
Funcionarios andan preocupados por las consecuencias de ambas investigaciones. Mínimo, saldrían exhibidos.
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