La violencia se ha vuelto tan común en nuestros días que no resulta extraño escuchar personas que justifican su uso para frenar otras violencias: “Ellos lo hicieron, ellos lo pagan”. El problema de esta forma de pensar estriba en que es como echarle más leña al fuego.
La megamarcha del 11 de octubre pasado terminó abruptamente cuando la policía golpeó y detuvo a personas inocentes, ajenas a la confrontación que se mantenía contra unos vándalos, y dispersó a la multitud con gases lacrimógenos y chorros de agua. Los manifestantes no dejaban de insistir en el sentido pacífico de su movilización por el derecho humano al agua limpia.
La “noviolencia” tiene grandes predecesores (Madres de la Plaza de Mayo, Mandela, Ángela Davis, etcétera) que, con sus acciones, crearon condiciones para el desarrollo de potencialidades humanas (autorrespeto, cohesión en torno a valores colectivos, autonomía…).
Busca que las autoridades tomen conciencia sobre una problemática, reconozcan los daños que están provocando y la atiendan. Y cuando se escribe todo junto como “noviolencia”, pretende enfatizar el carácter constructivo de la acción que se realiza, no un comportamiento negligente.
Otra forma de posicionarse ante las violencias es la resistencia civil. Es reconocimiento y empoderamiento para construir relaciones no-hegemónicas ni verticales, oponerse a discursos reduccionistas que eluden la diversidad y el conflicto, erigir espacios para establecer nuevas relaciones políticas, dejar de considerar los problemas como un asunto policial. A diferencia de la rebelión o la guerrilla, la población que resiste se moviliza haciendo protestas, boicots, no-cooperación con las autoridades. Lo que se busca en el fondo es favorecer que las personas puedan expandir espacios de libertad sobre sus vidas.
Como movimiento social, la resistencia civil supone ser capaces de pensar y vivir en movimiento, confiar en la autoorganización y el autogobierno, salirse del lugar subordinado en el que se ha sometido a la población. Detenerse significa dejar de existir. Pero más que de “movimientos sociales” habría que hablar de “sociedades en movimiento” como las del 11 y 18 de octubre pasados.
El crecimiento demográfico de las zonas urbanas, aunado a la incapacidad de los gobiernos locales para proporcionar servicios básicos, están incrementando la polarización social. Para conseguir seguridad no basta adiestrar a las fuerzas del orden con cursos de Derechos Humanos. Hay que dotar a la población de servicios básicos, construir gobernabilidad más allá del voto popular, potenciar el pluralismo ideológico y cultural.
El modelo de Estado basado en el uso legítimo de la violencia, que crea y usa el derecho como garante para su conservación, es obsoleto. Solo un saber radical puede ayudar a superar las problemáticas contemporáneas.
Para forjar su autoridad, quienes gobiernan necesitan la colaboración de personas e instituciones. Un gobierno que se afianza en la violencia se expone a ser destituido. El poder del pueblo debe prevalecer sobre la violencia del Estado, pero, conjuntamente, hay que conversar sobre lo que se debe hacer y los medios para conseguirlo. El desafío es hacer que el poder político se mantenga sometido a controles democráticos.
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