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Quinto Patio

Un punto central del debate público en torno a las obras del nuevo acueducto Chapala-Guadalajara es qué entienden el gobierno del estado y los partidos a favor y en contra sobre ¿qué es privatizar? Parece una pregunta de Perogrullo. Pero no. Por un lado, el gobernador Pablo Lemus Navarro apareció en un video para nuevamente asegurar: “Se ha dicho que queremos privatizar el agua y hasta entregarla a una empresa israelí. Quiero ser muy claro: eso es absolutamente falso. El agua de Jalisco no se va a privatizar”.

Sin embargo, para especialistas y partidos políticos opositores representados en el Congreso del Estado, la propuesta del gobierno del estado sí es privatizadora y advierten riesgos. Aunque falta conocer las consideraciones y los acuerdos a que lleguen las autoridades estatales y la Federación, a través de la Comisión Nacional del Agua (Conagua). El esquema de una inversión mixta es una de las posibles alternativas. Por lo pronto, lo positivo es que existe acercamiento y, como dijo el gobernador, se está “muy cerca” de alcanzar un acuerdo, que incluye no solo al nuevo acueducto, sino a la Presa El Zapotillo.

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En el juzgado sexto del complejo penitenciario de Puente Grande se presentaron a la audiencia los cuatro detenidos durante la represión a los manifestantes del pasado domingo, afuera de Casa Jalisco. Teodoro Jesús, Juan Darío, Alexis Daniel y Samuel fueron vinculados a proceso por lesiones y delitos cometidos contra la representación de la autoridad.

Al respecto, el Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (Cepad) puntualizó que el Poder Judicial “respaldó la criminalización de la protesta social”. Nadie debe ser juzgado por ejercer su derecho a la protesta, enfatizó.

En tanto, la Fiscalía del Estado abrió 14 carpetas de investigación sobre los abusos de que se acusa a policías. ¿A poco actuaron con saña sin que se les ordenara?

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Tras las violaciones a derechos humanos ocurridas el 4, 5 y 6 de junio de 2020, el entonces gobernador Enrique Alfaro convocó a reuniones para conformar un protocolo para la atención a manifestaciones, apegado a derechos humanos: ahora, tras la represión del 11 de octubre, Juan Pablo Hernández, titular de la Secretaría de Seguridad, llama a crear uno nuevo. ¿El otro no sirvió?

Preguntemos: ¿es cierta la versión de que policías estatales señalados como represores también cobran en la comisaría de Guadalajara. Si es así, ¿lo avala el gobierno tapatío de Verónica Delgadillo?

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¡Vaya que tiene tiradores y tiradoras Morena para convertirse en coordinador o coordinadora Municipal en Defensa de la Transformación y Soberanía Nacional, en Guadalajara, paso previo a candidatearse a la presidencia municipal! Destacan cuatro aspirantes que tienen cargo: Merilyn Gómez Pozos, diputada federal; Mariana Fernández, regidora del gobierno tapatío; Carlos Lomelí, senador; y José María Martínez, edil en Guadalajara.

La elección interna será vía una encuesta, un método que ha sido cuestionado hasta dentro de Morena. El partido rechina y aparecen cuarteaduras cada que elige un candidato. Veremos qué tanto cruje en Guadalajara y resto de municipios el aparato moreno. La convocatoria termina mañana.

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Con nuestro aprecio y con alegría, nos unimos al reconocimiento que hicieron la Universidad de Guadalajara y periodistas a Sonia Serrano. ¡Felicidades!

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jl/I

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