El 4, 5 y 6 de junio de 2020, policías y elementos de la Fiscalía del Estado desaparecieron y torturaron a decenas de jóvenes que acudían a manifestarse para exigir justicia tras la ejecución extrajudicial de Giovanni López en Ixtlahuacán de los Membrillos dentro del contexto de la pandemia de Covid-19. Tras los hechos, el entonces gobernador Enrique Alfaro Ramírez creó mesas de trabajo para “que esta indignante experiencia no se repita en nuestro estado”.
La promesa fue crear protocolos y profesionalizar a las corporaciones de seguridad para garantizar la libertad de protesta y que la represión, así como el resto de violaciones a derechos humanos cometidas en esa ocasión, no se volvieran a repetir en Jalisco.
Seis años después, ahora con Pablo Lemus Navarro como gobernador, la promesa es la misma, porque los policías volvieron a reprimir y torturar a manifestantes, en esta ocasión porque salieron a exigir agua limpia para sus casas.
El 29 de julio de 2020, tras varias reuniones con el colectivo Somos 456, mismo del que se formó 5 de Junio Memoria, Alfaro Ramírez publicó un video en sus redes sociales en el que dijo: “Que este episodio se convierta en el punto de partida de un proceso para mejorar y profesionalizar las instituciones públicas de seguridad en nuestro estado”.
Pero no lo fue. Entre esa promesa y la nueva hecha por Lemus Navarro el martes pasado, hubo más de 10 manifestaciones que terminaron con violaciones a derechos humanos por parte de elementos de la policía. La más reciente, la ocurrida en Casa Jalisco el 11 de octubre.
NTR realizó una revisión de las manifestaciones que derivaron en violencia policíaca hacia las personas manifestantes, encontrando varios episodios.
El primero ocurrió en julio de 2021 cuando detuvieron a al menos 10 mujeres integrantes del Frente Feminista de Jalisco que acudieron a manifestarse a las instalaciones de la Secretaría de Educación Jalisco para exigir justicia por casos de abuso sexual infantil en escuelas.
En mayo de 2022, antimotines dispersaron con violencia una manifestación de personas pepenadoras de basura quienes instalaron un plantón en Plaza de Armas tras el cierre de los basureros de Matatlán y Los Laureles; también hubo detenciones.
Un mes después, policías municipales detuvieron arbitrariamente y torturaron, según confirmó la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ) a al menos una persona tras una manifestación en las afueras del DIF municipal.
Ya en 2023, el primer episodio se tuvo en marzo de 2023 cuando policías estatales golpearon y causaron lesiones a cuatro mujeres buscadoras del colectivo Luz de Esperanza que se manifestaron en la entonces llamada Fiscalía Especial de Personas Desaparecidas.
En julio, otra integrante del mismo colectivo fue detenida de manera arbitraria por policías de Tlaquepaque al intentar evitar que retiraran las cédulas de búsqueda en la zona del Parián. Fue liberada, pero con la condición de no hablar públicamente del caso.
Para 2024, en febrero, integrantes del Comité de Solidaridad con Palestina fueron detenidos con violencia y arbitrariamente por pintar un mural en la vía pública.
En agosto de ese año dos hombres fueron detenidos durante una manifestación en Casa Jalisco para exigir la localización con vida de personas desaparecidas. De nuevo, los antimotines aparecieron para dispersar con violencia a las personas y detuvieron a dos.
Ya en mayo de 2025, Policías de Guadalajara desalojaron con violencia a las personas comerciantes del Parque Rojo con la justificante de que el sitio sería remodelado con miras al Mundial de Futbol 2026. Se reportaron al menos nueve detenciones. En noviembre hubo otro hecho. Durante la manifestación Gen Z en el Centro de Guadalajara fueron detenidas 40 personas.
Este año el aumento a la tarifa del transporte público sumado a la idea de obligar a usar la Tarjeta Única motivó varias manifestaciones ciudadanas. Una de ellas, en enero, terminó en medio de violencia; las autoridades detuvieron arbitrariamente a cuatro personas.
Por último, el episodio más reciente ocurrió el 11 de octubre cuando antimotines dispersaron una manifestación con uso de gas lacrimógeno y agua a presión. Detuvieron arbitrariamente a 39 personas, mismas que fueron liberadas horas o días después, algunas de ellas con medidas cautelares.
Tras este último hecho fue que el gobernador Pablo Lemus hizo la promesa que incumplió su antecesor: no se va a repetir.
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