A raíz de las violaciones a derechos humanos reconocidas por el gobernador Pablo Lemus Navarro durante la protesta del 11 de octubre para exigir agua limpia en Guadalajara, el titular de la Secretaría de Seguridad del Estado (SSE), Juan Pablo Hernández González, propone que se genere una mesa de trabajo con ciudadanía, colectivos, organizaciones y especialistas para crear un nuevo “manual” sobre la actuación de la policía durante la protesta social y que este esté apegado a los derechos humanos.
Sin embargo, este ejercicio que propone el secretario se realizó en 2020 tras las desapariciones forzadas y tortura cometidas por elementos del Estado hacia un centenar de manifestantes el 4, 5 y 6 de junio, en el conocido como “halconazo tapatío”.
Producto de las mesas de trabajo, en las que incluso participaron las víctimas, se creó un protocolo que, de implementarse, garantizaría la no repetición. Ahora el secretario busca repetir el proceso y plantea crear un documento igual.
El documento se llama “Protocolo para Garantizar el Ejercicio del Derecho a la Libertad de Reunión Pública en el Estado de Jalisco”; va dirigido a la Secretaría de Seguridad y está publicado en su portal de transparencia.
Según ese documento, hay varias fases dentro de un operativo para la atención de una manifestación y no se limitan al día de los hechos. El primer paso tiene que ser la creación de un grupo de trabajo que se encargue de, entre otras cosas, generar un análisis de riesgo.
Ese documento debe ser el punto de partida del operativo. Ahí se identifican elementos como la posible aparición de grupos que puedan generar violencia y daño hacia patrimonio público o privado, policías o manifestantes.
Por ese mismo motivo permite determinar qué herramientas de contención se utilizarán en el proceso y tenerlas listas para actuar. Si se siguió el protocolo, el uso de gas, agua a presión y piedras (estos dos últimos no incluidos en el protocolo) debió definirse en esa mesa, por ejemplo.
Durante la protesta, se menciona, entre varios puntos de acción, que lo principal debe ser privilegiar el diálogo y, para esto, la secretaría debió, previamente, designar a un grupo especializado para dialogar y conciliar antes de aparecer los antimotines.
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