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Tras un censo realizado entre 2020 y 2021, en Jalisco se detectó que al menos 500 personas estaban capacitadas para hacer una interrupción legal del embarazo (ILE); sin embargo, sólo 68 se declararon no objetores de conciencia.
Así lo declaró la titular de la Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres (SISEMH), Paola Lazo Corvera, quien abundó que de esas 68 personas no todas son ginecobstetras.
“(Salud) tiene mucho interés de que quienes realicen los procedimientos de interrupción del embarazo sean ginecobstetras, dependiendo del periodo en términos de semanas de gestación que tenga la mujer es que pudieran ser atendidas por ginecobstetras o médicos generales. Estamos también en esa redefinición porque esas 68 personas no son todos ginecobstetras, en la última reunión que tuvimos con Salud, si mal no recuerdo, eran 26 personas en el estado ginecobstetras no objetores”, explicó.
“Esas 68 personas no son todos ginecobstetras, en la última reunión que tuvimos con Salud, si mal no recuerdo, eran 26 personas en el estado ginecobstetras no objetores” Paola Lazo Corvera, Titular de la SISEMH
“Esas 68 personas no son todos ginecobstetras, en la última reunión que tuvimos con Salud, si mal no recuerdo, eran 26 personas en el estado ginecobstetras no objetores”
Paola Lazo Corvera, Titular de la SISEMH
En entrevista, mencionó que desde la dependencia que dirige en conjunto con la Secretaría de Salud Jalisco (SSJ) se tiene el objetivo de contar con al menos una persona ginecobstetra no objetora de conciencia en cada uno de los siete hospitales donde se brindan ILE a través del programa Aborto Seguro. Son el Hospital General de Occidente (HGO), el Materno Infantil Esperanza López Mateos, el Materno Infantil San Martín de las Flores, el Comunitario de Colotlán y los regionales de Puerto Vallarta, Zapotlán el Grande y La Barca.
Luego de que recientemente se aprobara la despenalización del aborto en el estado, Lazo Corvera indicó que se trabaja en las adecuaciones necesarias para la implementación de Aborto Seguro.
“La SSJ tenían muchísima claridad del adendum que se tenía que hacer al Programa de Interrupción Legal del Embarazo para incorporarle la despenalización y la no penalización hasta las 12 semanas de embarazo, y también tenían clarísimo la responsabilidad de que este servicio tiene que ser público, un servicio gratuito y que sea un servicio libre de cualquier situación de discriminación o de maltrato para la mujer que lo solicite”, mencionó.
GR
