Director de seguridad en Cabo Corrientes pagará 10 mil pesos por abuso de autoridad

La Fiscalía Anticorrupción informó que el director de Seguridad Pública del Ayuntamiento de Cabo Corrientes, Santos “N”, fue vinculado a proceso por abuso de autoridad y obtuvo la suspensión condicional luego de acordar la donación de 10 mil pesos a una asociación civil que atiende a niños con discapacidad en Puerto Vallarta y Bahía de Banderas.

Esto, luego de que el 14 de mayo de 2024, un hombre fue detenido y presentado por una falta administrativa ante el juez municipal de Cabo Corrientes quien le impuso como sanción arresto por 19 horas y ordenó, mediante oficio al director de Seguridad Pública, que se respetaran en todo momento los derechos humanos del detenido y que fuera liberado de inmediato al cumplirse el castigo.

Sin embargo, al terminar el arresto, el titular de la policía municipal trasladó a la persona, por petición de la familia y en contra de su voluntad, a un centro de rehabilitación sin que se cumplieran los requisitos legales para ello, por lo que dos días después la víctima presentó una denuncia ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, donde se abrió una carpeta de investigación.

Tras audiencia que concluyó la tarde de ayer, en los Juzgados del Octavo Distrito Judicial con sede en Puerto Vallarta, la Jueza de Control y Oralidad Susana Azzaid Betancourt Flores, determinó vincular a proceso al titular de la policía de Cabo Corrientes por abuso de autoridad que comete el servidor público que “ejecute, autorice o permita cualquier acto atentatorio a los derechos garantizados por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y por la del Estado”.

La defensa del funcionario municipal solicitó en la misma audiencia la suspensión condicional del proceso, beneficio que establece el Código Nacional de Procedimientos Penales, que le fue otorgada al no haber oposición de las partes y aprobarse el plan de reparación del daño consistente en la aportación de 10,000 pesos en favor de “Pasitos de Luz”, asociación civil que brinda atención a niños con discapacidad de familias de escasos recursos en Puerto Vallarta, Jalisco, y Bahía de Banderas, Nayarit.

Como condiciones que deberá cumplir Santos “N” durante los próximos seis meses, la Jueza impuso las siguientes obligaciones: residir en el mismo domicilio, presentarse a firmar de manera mensual ante la Unidad de Medidas Cautelares y de tomar un curso en materia de derechos humanos; junto con la prohibición de salir del estado y de acercarse o frecuentar los domicilios de la víctima y de los testigos, por lo que en caso de que la víctima sufra una detención o solicite servicio de la policía municipal, el funcionario está impedido para tener trato directo con él.

jl