El defensor de derechos ambientales Sergio Oceransky alertó sobre el riesgo que corre, luego de que un desarrollo inmobiliario no lograra encarcelarlo mediante mecanismos judiciales irregulares y recurriera a un esquema de persecución que ahora lo obliga a trasladarse periódicamente a Jalisco.

El conflicto se originó en la costa de Yucatán, donde Oceransky logró que un juez otorgara una suspensión definitiva contra un megaproyecto inmobiliario de mil hectáreas y 25 lotes habitacionales proyectado en una zona protegida de manglares y un sistema lagunar.

En respuesta a la suspensión de las obras, la empresa inmobiliaria promovió una denuncia penal en el estado de Jalisco, entidad que el activista nunca había visitado, a través de dos empleados que lo acusaron de supuestas amenazas.

A pesar de la falta de pruebas, un juzgado jalisciense emitió una orden de aprehensión en su contra y al acudir a la cita judicial, Oceransky fue detenido de manera arbitraria. Recibió la libertad con un auto de no vinculación a proceso gracias a movilizaciones ciudadanas y al llamado de organismos internacionales como la ONU.

La inmobiliaria apeló la resolución buscando imponer un año de prisión preventiva oficiosa. El tribunal de alzada revocó el fallo e instruyó vincularlo a proceso.

Aunque el activista obtuvo una orden de suspensión que frena la prisión preventiva, la resolución judicial lo obliga a viajar a Jalisco una vez al mes para firmar ante el juzgado y realizar comparecencias virtuales cada dos semanas.

Oceransky advirtió que estas condiciones lo dejan en un estado de extrema indefensión, ya que cada traslado a Jalisco expone su ubicación exacta ante los desarrolladores a los que se enfrenta legalmente.

AL