Imponer imagen

Aunque los gobernantes sean del mismo partido, la necesidad de imponer una imagen propia que los distinga de su antecesor resulta una prioridad costosa.

En estos momentos lo estamos viviendo en el gobierno estatal con los cambios en diseños de placas vehiculares, tarjetas de transporte, vehículos y lo que se le sume en este camino del nuevo gobierno estatal.

Aquí no criticamos la necesidad de tener una imagen propia, sino el doble gasto para imponer este límite de distinción, y los problemas que esto le ocasiona a los habitantes.

Un caso son las placas de vehículos, que algunas aún sirven, y el argumento de esta vez fue unificar una sola imagen, y esto significa que será un gasto más por material que será pagado con nuestro presupuesto.

Y aunque se dijo que sería un solo diseño, al final serán dos los que veremos circular en las calles de la ciudad.

En esta semana pasará lo mismo con las tarjetas del transporte, habrá nuevos plásticos, y con un cargo al erario.

El argumento es que se trata de un programa nuevo donde habrá borrón y cuenta nueva porque están dando mayores beneficios.

El problema no es que cambien de nombre a los programas, o que le pongan su propio sello a su gestión, sino los gastos que esto implica porque lo cambian todo.

Los usuarios del transporte público que tenían sus tarjetas del gobierno anterior del mismo partido, y aunque todavía funciona, tendrán que cambiarlas por unas nuevas, y eso implica un gasto al gobierno estatal.

También afecta a los usuarios porque deberán dedicar más tiempo para poder registrarse, pero sobre todo volver a empezar.

En este caso también padecieron la espera de casi tres meses sin el apoyo porque apenas en esta semana el gobierno hizo el anuncio.

Todo pensado en las necesidades gubernamentales y no en las de los usuarios.

Lo bueno es que abren el apoyo a nuevos registros, y que agregan a las cuidadoras de personas con discapacidad y a familias de los desaparecidos; esperemos que en el registro alcancen todos a inscribirse y no sea que solo los primeros que lleguen.

Hasta el momento nadie ha contabilizado el costo de estos cambios de imagen por el relevo de gobernantes, el cual no sólo ocurre en el gobierno estatal, sino también en los municipios y los gastos seguramente serán enormes.

La nueva imagen de los gobiernos tiene un costo que poco les importa ejercerlo porque la prioridad es mantener el diseño que los “distinguirá” por los próximos tres o seis años, según el tipo de gobierno.

Ha habido gobiernos que hasta a los botes de basura. los juegos infantiles y las bancas les ponen su propio sello.

Los diputados locales han intentado unificar las imágenes de los gobiernos para que sean institucionales sin que haya predominio de colores, que es lo que provoca el cambio inmediato, pero no han logrado que sea una ley a seguir.

Simplemente los nuevos gobernantes imponen su imagen para cambiarlo todo, poner su sello, y al final no importa cuánto cuesta.

Y el inconveniente es que tampoco le importa a nadie para poder llevar un control de sus costos y de los daños o beneficios que esto conlleva.

No hay políticas públicas ni reglamentos ni normas ni leyes y tampoco presupuestos claros sobre cuánto nos cuestan estas nuevas imágenes.

En los presupuestos debería de contabilizarse este gasto o tan siquiera transparentarse con cada programa que diseña para saber cuánto cuesta.

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