Tras el recorrido de la semana pasada por el Rancho Izaguirre, actividad en la que no se presentaron las autoridades estatales ni federales, el Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (Cepad) exigió que se den garantías de no repetición, pues el hecho fue, cuanto menos, revictimizante.

“Aunque se abrió el espacio y se permitió la participación de las familias, esto no estuvo acompañado por el esfuerzo necesario de planificación adecuada en logística, coordinación y preparación. El proceso fue completamente improvisado, sin atender las necesidades de las familias ni prever condiciones mínimas, lo que dejó en segundo plano su dignidad y bienestar físico y emocional”, describió el Cepad.

La organización recordó que la participación conjunta es un derecho de las familias y que las autoridades tienen la obligación de garantizarla, pero conforme los protocolos establecidos y sin improvisación, como lo ocurrido el jueves 20 de marzo.

A la par lanzó cinco exigencias a las autoridades federales y estatales. La primera consiste en que haya garantía de acceso a la información sobre los avances en las investigaciones en el Rancho Izaguirre.

También exigió que haya garantías de participación digna y efectiva; respeto a la dignidad de las familias; garantías de seguridad para los familiares de personas desaparecidas, y rendición de cuentas de forma oportuna y garantías de no repetición.

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