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Un México violento
Porque nos la quitaron
Tras el recorrido de la semana pasada por el Rancho Izaguirre, actividad en la que no se presentaron las autoridades estatales ni federales, el Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (Cepad) exigió que se den garantías de no repetición, pues el hecho fue, cuanto menos, revictimizante.
“Aunque se abrió el espacio y se permitió la participación de las familias, esto no estuvo acompañado por el esfuerzo necesario de planificación adecuada en logística, coordinación y preparación. El proceso fue completamente improvisado, sin atender las necesidades de las familias ni prever condiciones mínimas, lo que dejó en segundo plano su dignidad y bienestar físico y emocional”, describió el Cepad.
La organización recordó que la participación conjunta es un derecho de las familias y que las autoridades tienen la obligación de garantizarla, pero conforme los protocolos establecidos y sin improvisación, como lo ocurrido el jueves 20 de marzo.
A la par lanzó cinco exigencias a las autoridades federales y estatales. La primera consiste en que haya garantía de acceso a la información sobre los avances en las investigaciones en el Rancho Izaguirre.
También exigió que haya garantías de participación digna y efectiva; respeto a la dignidad de las familias; garantías de seguridad para los familiares de personas desaparecidas, y rendición de cuentas de forma oportuna y garantías de no repetición.
jl/I