El Consejo Estatal de Seguridad Pública presentó ante el Congreso del Estado una iniciativa para que los municipios destinen al menos el 10 por ciento de las participaciones estatales que reciben por el impuesto sobre nómina a seguridad pública y otro 10 por ciento de lo recaudado por el impuesto sobre hospedaje a protección civil, bomberos y servicios de emergencia.
En su exposición, el Consejo advierte que mientras el Sistema Nacional de Seguridad Pública cuenta con ciertos esquemas de apoyo y profesionalización, las áreas de protección civil y atención a emergencias se mantienen rezagadas. La falta de una carrera profesional a nivel municipal, así como la carencia de fondos directos y permanentes, ha dejado a muchas de estas corporaciones operando con mínimos recursos.
La propuesta no solo plantea una redistribución obligatoria de los recursos, sino también lineamientos claros sobre su uso. En el caso de protección civil y servicios de emergencia, se propone prohibir que el dinero se use en sueldos o gastos personales, y que se destine exclusivamente a la compra y mantenimiento de equipo, vehículos, seguros, herramientas e infraestructura.
Para seguridad pública, el enfoque está en mejorar las condiciones laborales de los policías municipales, como la homologación salarial, acceso a salud y vivienda, así como fortalecer las funciones de tránsito y vialidad, que actualmente se encuentran fuera del esquema de certificación policial.
Según datos de la Secretaría de Hacienda estatal, las cifras respaldan la viabilidad de esta propuesta. Solo en 2024, Guadalajara recaudó más de 268 millones de pesos por concepto de impuesto sobre nómina y casi 10 millones por hospedaje. Aplicar el esquema propuesto representaría una inversión directa de cerca de 28 millones de pesos en seguridad y un millón en servicios de emergencia en este municipio, y así en proporción en todos los demás.
Además del impacto presupuestal, la iniciativa plantea la creación de mecanismos de seguimiento estatal mediante informes periódicos sobre el uso y programación del gasto, lo cual permitiría evaluar resultados y evitar desvíos. Se estima que esta medida podría generar un ahorro de hasta 200 millones de pesos para el gobierno estatal, al reducir su carga actual en la homologación de sueldos para la Policía Metropolitana.
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