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Y ni así
No permitirá construcción
Desde la Presidencia de la República se asegura que se respeta y garantiza la libertad de expresión en México, pero en los hechos sucede lo contrario. He aquí algunos ejemplos:
El Tribunal Electoral de Tamaulipas le ordenó a Héctor de Mauleón, periodista y columnista, y al periódico El Universal no publicar ni hablar sobre personajes públicos que estarían vinculados al crimen organizado de ese estado, además de “bajar” de los sitios de internet lo que han publicado sobre ese tema.
El periodista Jorge Luis González, voz crítica en Campeche sobre el actuar y desempeño de la gobernadora Layda Sansores y funcionarios de su gobierno, fue sentenciado a no ejercer el periodismo y pagar una indemnización por daño moral de 2 millones de pesos al director de comunicación social del gobierno de ese estado.
En Tequila, Jalisco, el presidente municipal de ese ayuntamiento, morenista, ordenó detener y esposar al camarógrafo y periodista de N+ de Televisa mientras cubría un operativo de seguridad. Ese operativo consistía en la clausura y recuperación del Museo Nacional del Tequila, que el presidente municipal se había apropiado y modificado sin autorización del INAH y del gobierno del estado, que es propietario y protegido como bien histórico por parte del INAH.
Y el caso más preocupante:
El jueves 19 de junio, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, con el voto de calidad de la presidenta, determinó que la ciudadana Karla María Estrella, sonorense, ama de casa, fuera sentenciada a pagar una multa, ofrecer disculpas públicas, tomar un curso de género con lecturas obligatorias y ser inscrita en el Registro de Personas Sancionadas del INE durante 18 meses.
La razón de esa sentencia fue que, en febrero de 2024, cuando los partidos políticos definían quiénes serían sus candidaturas al Senado y la Cámara de Diputados federal, Karla María Estrella publicó un tuit en su cuenta personal donde señalaba, sin mencionar el nombre de la supuesta ofendida, pero sí de su marido, diputado federal, lo siguiente: “Cómo habrá sido el berrinche del diputado para que al final pusieran a su esposa como candidata”.
Se trataba del diputado Sergio Gutiérrez Luna y su esposa Diana Karina Barreras. La esposa del diputado, que al final quedó como candidata del PT, ganó la elección e interpuso una denuncia ante el INE.
La denunciada explicó que lo publicado era su pensar y que no fue por ser mujer, sino por tratarse de asuntos públicos. Pasó casi un año, y el jueves 19, la decisión final la tomó la presidenta del Tribunal, Mónica Soto, quien argumentó que, en realidad, lo que Karla Estrella pensó sí era violencia en razón de género.
Ante esto, en México ahora se sanciona, además de lo que se dice y opina, lo que se piensa, e incluso se está llegando al extremo de sancionar lo que el juez cree y considera lo que piensa una persona acusada. En otras palabras, ¿tenemos en México policías y jueces del pensamiento?
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jl/I