Cuestionan alcance del Plan Estatal de Desarrollo

Durante una mesa de análisis del Plan Estatal de Desarrollo y Gobernanza, diputadas del Congreso de Jalisco hicieron un llamado enérgico para que las políticas públicas del estado incluyan de manera más decidida la perspectiva de género y respondan efectivamente a las condiciones de desigualdad y violencia que enfrentan las mujeres.

El plan se sustenta en tres pilares fundamentales: la autonomía económica, la agenda de cuidados y el combate frontal a las violencias. Entre los resultados esperados destacan la disminución de la violencia de género, el fortalecimiento de la atención institucional y la garantía de acceso a la justicia para las víctimas.

Para ello, se plantean acciones concretas como la creación de Pulso de Vida en todo el estado, el fortalecimiento de los centros de justicia para mujeres y la instalación de unidades especializadas regionales, así como programas de apoyo económico, psicológico y legal para las víctimas y sus familias.

Sin embargo, las y los diputados presentes expusieron sus observaciones de acuerdo con los aspectos no tomados en cuenta y principalmente a las áreas de oportunidad. Candelaria Ochoa, destacó que en Jalisco las mujeres se concentran en los empleos más precarios del sector terciario, lo que limita su autonomía económica. Señaló la urgencia de incorporar la propuesta de “a trabajo igual, salario igual” como parte del plan estatal, dado que las mujeres representan el 52% de la población.

Otro de los señalamientos fue en el tema de salud, la diputada criticó que aún no exista una política pública clara para garantizar la Interrupción Legal del Embarazo (ILE), pese a su despenalización en 2023. Alertó además sobre el embarazo infantil, particularmente en niñas menores de 14 años, generalmente producto de violencia sexual.

La diputada Valeria Ávila Gutiérrez, de Hagamos, denunció la falta de avances reales en la coordinación interinstitucional para garantizar el acceso a la justicia de las mujeres, pese a iniciativas como la creación de una fiscalía especializada. Criticó la efectividad de las capacitaciones pasadas y exigió formación con perspectiva de género desde el inicio para policías y ministerios públicos.

Además, pidió atender las violencias estructurales normalizadas por tensiones culturales, como las uniones forzadas que encubren abuso sexual infantil, y propuso actualizar protocolos y tipificar delitos como el transfeminicidio.

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