Cuerpos en abandono 

Hace siete años, Jalisco quedó expuesto a nivel internacional: las imágenes de los tráileres con más de 300 cuerpos sin identificar recorriendo la Zona Metropolitana de Guadalajara mostraron con brutalidad el colapso forense. Posteriormente, la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco documentó un total de 605 personas fallecidas sin identificar resguardadas en condiciones indignas. 

Los tráileres de la muerte se convirtieron en un símbolo de impunidad estructural, negligencia, deshumanización institucional y ausencia de dignidad. Siete años después, pese a mayores presupuestos, contrataciones de personal especializado o creación del Centro de Identificación Humana Jalisco, persisten los mismos retos y la atención a la crisis forense permanece como una deuda pendiente. 

Cada día nuevos cuerpos ingresan al Semefo. Únicamente, en relación a fosas clandestinas, de diciembre 2018 a agosto de 2025 se han recuperado mil 989 víctimas, y sólo la mitad han logrado ser identificadas. Cabe señalar que mientras en el sexenio anterior ingresaban al Semefo 331 personas fallecidas al mes, este año el número se duplicó, alcanzando 672 ingresos mensuales. Estas cifras confirman el desborde y saturación institucional. 

Asimismo, desde el Cepad se ha sistematizado a partir de los datos obtenidos por transparencia, que entre 2006 y julio de 2025 Jalisco acumula más de 11 mil 75 registros de personas fallecidas sin identificar, considerando cadáveres completos, segmentos anatómicos y restos óseos u osamentas. Esta cifra incluye cadáveres en refrigeradores, panteones municipales, cuerpos donados a universidades e incluso incinerados por las propias autoridades. Tan sólo desde julio de 2024, hubo mil 608 registros más, mostrando que la crisis no sólo se mantiene, sino que se profundiza. 

La emergencia forense no se explica sólo por la magnitud de la violencia, sino también por la incapacidad institucional. Sin duda, los desafíos relacionados con el contexto de inseguridad predominan, como el aumento de homicidios, desapariciones o fosas clandestinas, multiplicados por una crueldad de patrones y técnicas criminales que obstaculizan labores de identificación humana y digna restitución, tales como fragmentación o incineración de los cuerpos. 

Sin embargo, los retos institucionales han sido evidentes y señalados por las familias por años: falta de recursos, personal especializado insuficiente y sin dignidad laboral, metodologías deficientes, protocolos incumplidos, archivos básicos incompletos, espacios de resguardo frío saturados y una coordinación interinstitucional que no funciona. Todo esto en medio de la impunidad y corrupción interna que profundizan la desconfianza. 

El 30 de agosto, durante las manifestaciones, dos familiares me contaron que finalmente encontraron a sus seres queridos, mismos que al parecer fueron resguardados por años en las instalaciones del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses: uno siete años y otro dos. Ambas familias han sido buscadoras activas, habían acudido al Instituto de forma repetida y sin respuestas. Casos como estos se repiten año tras año, y muestran cómo la institucionalidad forense puede prolongar la desaparición de las personas, aumentando la incertidumbre. 

Esta tendencia no parece disminuir y, una vez más, es evidente la incapacidad del Estado para responder con dignidad. La crisis forense persistirá si las labores de búsqueda, cada vez más avanzadas gracias a las familias y la tecnología, no son acompañadas de un fortalecimiento real de los procesos e instituciones forenses. Ante modelos que han fallado o han sido desmantelados, es urgente replantear las políticas públicas para garantizar la identificación y restitución digna, tanto de cuerpos recientes como de larga data. 

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