Durante las actividades de la Feria Internacional del Libro (FIL) Guadalajara y la participación de Alemania en el evento, el Grupo de Trabajo de la ONU sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias (WGEID, por sus siglas en inglés) presentó un informe sobre desapariciones forzadas en el contexto de la defensa de la tierra, los recursos naturales y el medio ambiente. 

En el evento, Gabriella Citroni, presidenta del WGEID, expuso que éste decidió indagar las desapariciones en el contexto de la defensa de la tierra dado que hay poca información al respecto. En el proceso se encontró que, a diferencia de desapariciones forzadas en otros contextos, en las relacionadas al territorio y ambiente hay participación de elementos del Estado en conjunto con el crimen organizado y empresas. 

“Los perpetradores clásicos de desaparición forzada son agentes estatales de cualquier grado o bien grupos que actúen con tolerancia, aquiescencia, del Estado; sin embargo, en el marco de la defensa de la tierra y recursos naturales hay un patrón de perpetradores donde sí hay estatales, pero también hay un papel bastante importante de las empresas. Es algo que por lo regular no se ve, se ve muy poco. Y también una colusión con el crimen organizado”, dijo. 

Por su parte, Denisse Montiel Flores, codirectora del Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (Cepad), agregó que en México y Jalisco este tipo de desapariciones está vinculado a megaproyectos. Hay casos con relación a actividades mineras o inmobiliarias, por ejemplo, y las comunidades indígenas son principalmente afectadas. 

“Desde las fiscalías, corporaciones de las Policías o seguridad pública se encargan de cuidar esas concesiones o reprimir a quienes están defendiendo su tierra y el territorio, y, por el otro lado, también (están involucradas) las empresas que precisamente están generando estos megaproyectos”. 

La defensora de derechos humanos recordó que están casos como el de Celedonio Monroy, desaparecido en 2012, o el de Higinio Trinidad de la Cruz, desaparecido y encontrado sin vida a fines de 2023, ambos en Cuautitlán de García Barragán y en el contexto minero de la sierra de Manantlán. 

Condenan homicidio de comunero wixárika

La Asamblea Nacional por el Agua y la Vida condenó el homicidio del comunero wixárika Marcos Aguilar Rojas, representante agrario en San Lorenzo de Azqueltán, en Villa Guerrero. El asesinato, recalcó, es una afrenta para el pueblo wixárika y, en general, para las comunidades que mantienen la defensa de sus territorios en el país. 

“La guerra contra los pueblos se sigue recrudeciendo, el despojo de tierra y agua, así como la violencia hacia compañeros y compañeras que las defienden se torna cada vez más mortal en manos de criminales cobijados por el poder. La sangre de nuestros hermanos sigue siendo derramada, sangre que al tocar la tierra que defienden se convierte en indignación y rabia, pero con esa misma rabia se alimenta la organización por la defensa de la vida”, señaló la organización a través de un comunicado. 

Lamentó que el crimen de Marcos no es un hecho aislado, sino parte de un patrón de violencia hacia las comunidades indígenas y hacia Azqueltán con el fin de despojar de la tierra al pueblo wixárika.  

Ante ese escenario exigió justicia por el homicidio de Aguilar Rojas, castigo a sus asesinos, el reconocimiento agrario a la comunidad de Azqueltán y autonomía. 

Finalmente, advirtió que las organizaciones estarán alertas por la seguridad de quienes viven en Azqueltán e hizo responsables a las autoridades de los tres niveles de gobierno de cualquier afectación a su integridad. Lauro Rodríguez 

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