La diputada de Movimiento Ciudadano, Laura Ballesteros, advirtió que la nueva Ley de Aguas Nacionales presentada por el gobierno federal es una reforma pequeña, insuficiente y atrapada en la lógica del botín político, pese a que México enfrenta una de las crisis hídricas más graves de su historia.

La legisladora señaló que, pese a tener mayoría, Morena perdió la oportunidad de construir una ley ambiciosa que resolviera los retos del presente y del futuro.

Laura Ballesteros explicó que el gobierno federal “se quedó en el ya merito”, pues tenía los votos, el poder y el personal técnico para elaborar una ley de gran alcance, pero optó por una propuesta limitada que no atiende la desigualdad en el acceso al agua ni frena los abusos de grandes corporaciones. La diputada lamentó que no se incorporaran medidas estrictas contra la contaminación, pese a los antecedentes de Pemex y otros actores públicos y privados responsables de afectar ríos, acuíferos y lagos en todo el país.

La legisladora subrayó que Movimiento Ciudadano votó en contra de la iniciativa, porque no podían ser cómplices de una reforma que deja en desprotección a comunidades rurales, cuyos terrenos perderían valor al desindexarse el uso del agua de la propiedad. Señaló que este fue uno de los puntos que encendió las alarmas entre campesinos y productores agrícolas, quienes se manifestaron afuera de la Cámara de Diputados ante el riesgo de perder una parte esencial de su patrimonio.

Laura Ballesteros criticó que la nueva ley tampoco fortaleciera a la Conagua, a pesar de que será la encargada de revisar concesiones, supervisar infraestructura y gestionar emergencias hídricas con un presupuesto más reducido. Añadió que el dictamen tampoco garantiza mediciones ambientales obligatorias ni exige sistemas de captación de agua pluvial en nuevas construcciones, una medida que reduciría costos para las familias y aliviaría la presión sobre las redes públicas.

La diputada expuso que Movimiento Ciudadano impulsó una propuesta más amplia, que incluye la creación de una Secretaría del Agua, un fondo tripartito de financiamiento, un sistema nacional de monitoreo y emergencias hídricas y un consejo consultivo ciudadano para integrar la voz de expertos y comunidades. Aseguró que una reforma de esta magnitud es indispensable para enfrentar una crisis que ya desplaza poblaciones completas y que amenaza con agravarse debido al cambio climático.

Sobre el creciente malestar social, Ballesteros afirmó que el gobierno “ve, pero no quiere ver” a los productores agrícolas, quienes llevan años solicitando diálogo y garantías. Consideró un error político mayor que no se tomara en cuenta su experiencia y advirtió que la desconfianza hacia el gobierno incrementa la conflictividad en estados como Chihuahua, Baja California y otras regiones del norte del país.

Finalmente, la diputada alertó que, de aprobarse tal como está, la nueva Ley de Aguas será “prácticamente inoperante”: sin presupuesto, sin estructura institucional y sin herramientas para enfrentar la crisis. Señaló que, mientras Morena siga negando la gravedad del problema, continuarán las manifestaciones porque en México sobran razones para decir que las cosas no están funcionando.

GR