El fraccionamiento de obras públicas para evitar procesos de licitación se mantiene como una práctica extendida y riesgosa en Jalisco. De acuerdo con la especialista en transparencia y seguridad, Lucía Almaraz, esta práctica abre la puerta a irregularidades y limita la rendición de cuentas.

Almaraz explicó que las dependencias suelen justificar este fraccionamiento argumentando carga burocrática y exceso de trámites. Sin embargo, recordó que justamente esos procesos existen para garantizar competencia abierta y condiciones de legalidad, lo que da certeza sobre cómo se asignan los recursos públicos. Aunque elaborar un expediente puede ser tardado, evitarlo –señaló– genera opacidad y deja espacio a decisiones discrecionales.

La especialista llamó a que las instituciones “no hagan cosas buenas que parezcan malas” y cumplan con la tramitología necesaria cuando la ley lo exige, pues las licitaciones y adjudicaciones han sido históricamente puntos críticos en el control de la corrupción. Pese a los blindajes legales, agregó, siempre se encuentran vacíos normativos para justificar prácticas que deberían revisarse a fondo.

Recordó que en administraciones anteriores hubo ejercicios de supervisión de obra pública por parte de la Contraloría de Guadalajara, pero al no darles seguimiento, estos esfuerzos se diluyeron. Retomar auditorías y revisiones constantes, dijo, ayudaría a minimizar prácticas riesgosas y permitiría a cada institución fijar una postura clara sobre su actuación.

Almaraz también observó que uno de los problemas recurrentes entre la administración pasada y la actual es la falta de planificación estratégica. Aunque es difícil saber si responde a dolo o desconocimiento, incluso los requisitos esenciales para ejecutar obras suelen ignorarse. Subrayó que la Contraloría del Estado conoce estos riesgos, pero aún tiene trabajo pendiente, mientras que el sistema anticorrupción se encuentra debilitado, lo que reduce la expectativa de que pueda intervenir de manera efectiva.

fr